Fallo judicial mantiene vigente condena por accidente laboral en conjunto residencial de Bocagrande
En una decisión que reafirma la responsabilidad patronal en contextos laborales informales, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ratificó la condena contra la Asociación de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina, ubicado en el exclusivo sector de Bocagrande. Este fallo judicial mantiene activas las obligaciones de pago de indemnizaciones y acreencias derivadas de un accidente laboral ocurrido hace más de una década, destacando las persistentes deficiencias en la protección de trabajadores contratados informalmente.
Detalles del accidente y ausencia de protección social
El caso se remonta al 9 de abril de 2015, cuando Diego Arrieta, un trabajador contratado verbalmente para labores de mantenimiento en áreas comunes del conjunto residencial, sufrió una caída desde aproximadamente tres metros de altura al descender de un cobertizo. Según los registros judiciales, no se le proporcionaron elementos de seguridad básicos como arnés o casco, violando protocolos elementales de protección laboral.
La caída resultó en fracturas de tibia y calcáneo que requirieron intervención quirúrgica y generaron una incapacidad laboral de seis meses. Posteriormente, evaluaciones médicas determinaron que Arrieta había sufrido una pérdida de capacidad laboral del 20,83%, agravando las consecuencias del siniestro.
Un aspecto crucial que fortaleció la demanda fue la completa ausencia de afiliación a sistemas de seguridad social: el trabajador no estaba vinculado a ninguna ARL, EPS o fondo de pensiones, situación que contraviene no solo la normativa laboral colombiana sino principios fundamentales de protección al trabajador.
Recorrido judicial y ratificación de la condena
El proceso legal inició en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, que en mayo de 2020 condenó a la asociación residencial al pago integral de las obligaciones derivadas del accidente. Esta sentencia fue confirmada en marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, que además ordenó el reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
El Tribunal Superior, en su reciente ratificación, respaldó que la asociación incurrió en lo que la jurisprudencia define como "culpa patronal", al no garantizar condiciones de trabajo seguras ni respetar los derechos laborales básicos del empleado afectado.
Complicaciones en la ejecución de la sentencia
A pesar de las decisiones judiciales firmes, el proceso dista de estar concluido. La Asociación de Vecinos no realizó el pago voluntario de las sumas ordenadas, lo que llevó al juzgado a emitir un mandamiento ejecutivo en julio de 2023 y a ordenar medidas cautelares sobre las cuotas de administración del conjunto residencial.
Estas medidas buscan asegurar la disponibilidad de recursos para cuando se ejecute la sentencia definitiva, pero han generado tensiones internas significativas entre copropietarios y administradores, quienes ven afectadas las finanzas colectivas del edificio.
Procesos complementarios y posibles sanciones adicionales
El caso ha derivado en actuaciones por presunto desacato debido a la aparente falta de respuesta de la asociación a los requerimientos judiciales sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. Desde 2023, diversos oficios han sido enviados solicitando información sobre el cumplimiento de lo ordenado y detalles sobre las personas que han ejercido la administración.
Ante la ausencia de respuestas satisfactorias, el abogado del demandante solicitó la apertura de un incidente de desacato, trámite que sigue su curso y podría acarrear nuevas sanciones si se demuestra que la asociación ha obstruido el cumplimiento de las obligaciones judiciales.
El 28 de enero de 2026, el despacho judicial profirió un auto relacionado con la práctica de pruebas en el marco de estas actuaciones, decisión frente a la cual se han interpuesto recursos de reposición y apelación, manteniendo el proceso abierto en múltiples frentes.
Implicaciones para el sector residencial y precedente legal
Este fallo ratificado tiene implicaciones que trascienden el caso específico, reabriendo el debate sobre la responsabilidad laboral de conjuntos residenciales en Colombia. Especialistas en derecho laboral y seguridad industrial advierten que muchas asociaciones de propietarios aún manejan contratos de mantenimiento con prácticas informales que exponen tanto a trabajadores como a las propias entidades a riesgos legales significativos.
La decisión judicial envía una señal clara sobre la obligación de cumplir con la normativa laboral y asumir responsabilidades cuando la negligencia ocasiona daño físico y económico. Mientras tanto, la comunidad de La Marina enfrenta incertidumbre financiera y administrativa, especialmente aquellos residentes que no estuvieron vinculados a la gestión de 2015 pero que ahora cargan con las consecuencias de las medidas cautelares.
Este caso en Bocagrande se convierte en un precedente relevante que subraya la importancia de garantizar seguridad social y condiciones laborales adecuadas, incluso en sectores tradicionalmente considerados de bajo riesgo, estableciendo estándares más estrictos para la contratación en entornos residenciales colectivos.
