La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo informe sobre la situación del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, en el que advierte que persisten graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Tras realizar visitas de inspección durante el segundo semestre de 2025 en Centros de Detención Transitoria (CDT) y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), la entidad identificó fallas estructurales que afectan las condiciones de vida, especialmente por el hacinamiento, las deficiencias en infraestructura, las quejas por alimentación y las dificultades en los procesos de resocialización, particularmente de las mujeres privadas de la libertad.
Centros de Detención Transitoria: permanencias ilegales y condiciones precarias
Uno de los puntos que más preocupa a la Defensoría es la situación de los CDT, espacios diseñados para permanencias inferiores a 36 horas, pero donde actualmente miles de personas permanecen durante meses e incluso años. De acuerdo con el informe, el 82,5 % de las personas detenidas en estos centros supera el tiempo legal permitido y un 15 % lleva más de un año recluido en esas instalaciones.
La entidad visitó 55 Centros de Detención Transitoria en el país y encontró condiciones precarias relacionadas con ventilación, iluminación, acceso al agua y saneamiento básico. Incluso, documentó casos en los que existe un sanitario para 125 personas, pese a que la norma técnica establece uno por cada 25 detenidos. Además, en el 98 % de estos centros los implementos de aseo deben ser suministrados por las familias.
Salud: falta de personal y barreras de acceso
En materia de salud, la Defensoría alertó por la falta de personal médico permanente y por las barreras para acceder a tratamientos, medicamentos y atención especializada. También señaló que muchos policías encargados de la vigilancia terminan asumiendo funciones para las que no tienen capacitación médica. “En la prestación de servicios de salud, además de otros hallazgos, detectó barreras recurrentes en la provisión de servicios: demoras en la autorización de procedimientos, dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos, como el presentado de manera crónica en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá”, señala el comunicado.
Alimentación: dependencia de familias y comercio informal
La Defensoría también evidenció que persisten numerosas quejas de las personas privadas de la libertad sobre la calidad de los alimentos suministrados en los centros de reclusión. Además, advirtió que únicamente el 20 % de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios presentó planes para asumir el servicio de alimentación. “En alimentación, el 11 % de los CDT depende de las familias de las personas detenidas o del comercio informal dentro de las instalaciones, lo que genera desigualdades, riesgos sanitarios y afectaciones al derecho a la alimentación adecuada”.
Servicios básicos: cortes de agua y falta de energía
En cuanto a servicios básicos, señala que aunque el 45,5 % de los establecimientos tuvo suministro de energía ininterrumpido durante el último mes evaluado, el 40 % de los centros visitados presenta cortes de agua.
Cárceles nacionales: déficit de camastros y espacios dignos
En las cárceles del orden nacional, la entidad realizó visitas a 20 establecimientos donde están recluidas más de 33 mil personas. Allí evidenció déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para visitas íntimas. El informe advierte que solo el 20 % de los centros cuenta con zonas destinadas para este fin y que, en muchos casos, las condiciones son incompatibles con la dignidad humana. “El 58,6 % de las personas en los establecimientos visitados cuenta con camastro propio. Sin embargo, en el de Sonsón la cifra cae al 10,5 %. Esta situación obliga a un número significativo de personas a dormir en el suelo, en pasillos o en estructuras improvisadas; lo cual, además de desconocer los estándares constitucionales mínimos, agrava riesgos en salud, seguridad y convivencia”.
Resocialización: baja participación y trabajo no remunerado
La Defensoría también llamó la atención sobre las limitaciones en los procesos de resocialización. Según el informe, únicamente el 34,8 % de la población privada de la libertad participa en actividades laborales y apenas el 25,4 % accede a programas de estudio. Además, el 70,2 % del trabajo realizado dentro de los establecimientos no es remunerado.
Fallas tecnológicas y judiciales
Otro de los hallazgos está relacionado con las fallas tecnológicas y judiciales. El 19,4 % de las audiencias son aplazadas por problemas de conectividad, falta de computadores o inasistencia de jueces.
