Hace unas semanas, en el Palacio de Justicia, se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; y el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez. El objetivo era abordar el grave problema de hacinamiento en los centros transitorios de reclusión. De ese encuentro surgieron varios acuerdos para mitigar la crisis, entre ellos el traslado mensual de al menos 600 personas privadas de la libertad desde las estaciones de Policía hacia centros penitenciarios.
Cifras alarmantes de hacinamiento
Blu Radio tuvo acceso a documentos que revelan que, aunque los acuerdos se están cumpliendo, las cifras de hacinamiento siguen siendo preocupantes. Según un informe actualizado con corte al 8 de abril de 2026, el sistema penitenciario colombiano tiene capacidad para albergar a 81.025 personas privadas de la libertad, pero actualmente alberga a 102.615 internos. Esto representa una sobrepoblación de 21.590 personas y un hacinamiento del 26,65 %.
El informe también detalla que el promedio mensual de ingresos al sistema penitenciario es de 3.501 personas, de las cuales aproximadamente 2.023 son sindicados y 1.479 son condenados. Además, se advierte que más de 1.500 extranjeros permanecen recluidos en instalaciones policiales, mientras que al menos 82 mujeres privadas de la libertad son madres de niños menores de tres años, están en periodo de lactancia o en estado de gestación.
Impacto de la vacancia judicial
Durante la vacancia judicial entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se registró un incremento de 152 personas condenadas en centros de detención transitoria, pasando de 341 a 493 casos. El INPEC también señaló que sigue siendo bajo el otorgamiento de medidas sustitutivas de prisión domiciliaria, lo que agrava la situación.
Estos datos reflejan una crisis persistente en el sistema penitenciario colombiano, a pesar de los esfuerzos por descongestionar las estaciones de Policía. Las autoridades continúan buscando soluciones para garantizar condiciones dignas y reducir el hacinamiento en los centros de reclusión.
