Colombia prepara la inauguración de una nueva cárcel en Riohacha para 2026
En medio del debate electoral sobre políticas carcelarias, Colombia avanza en la construcción del nuevo Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha, en La Guajira, cuya fecha de terminación está programada para el 21 de junio de 2026. Este proyecto representa una inversión estatal de 307.969 millones de pesos, con un contrato de interventoría gestionado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por 21 mil millones adicionales.
Capacidad y diseño de la nueva infraestructura
La cárcel está diseñada para albergar a 1.722 privados de la libertad, incluyendo tanto condenados como sindicados de delitos. La infraestructura, que ya presenta un avance físico del 88%, se extiende sobre 36.000 metros cuadrados e incluye ocho pabellones: uno exclusivo para mujeres y siete para hombres. Además, cuenta con áreas de visitas, judiciales, administrativas, un auditorio, aulas de atención y tratamiento, sanidad, talleres de mantenimiento, lavandería, y un salón de armonización para comunidades indígenas.
Un aspecto innovador es la inclusión de una maloka para miembros de la comunidad indígena Wayuú, con capacidad para 218 personas, diseñada para respetar sus tradiciones culturales durante el proceso de resocialización. El pabellón femenino incluirá un centro de desarrollo infantil para atender hasta 15 maternas, mientras que el sistema de tratamiento de aguas residuales permitirá reutilizar caudales, crucial en una región con escasez hídrica.
Contexto de sobrepoblación carcelaria
La necesidad de esta nueva cárcel se enmarca en la grave crisis de hacinamiento que afecta al sistema penitenciario colombiano. Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), actualmente hay 103.543 privados de la libertad, pero solo existe cupo para 81.139 personas, lo que representa una sobrepoblación del 27,6% (22.404 internos). La situación es particularmente crítica en Riohacha, donde la cárcel actual tiene un hacinamiento del 267% y el centro de reclusión transitoria reporta una sobrepoblación del 3.700%.
Fidel Ignacio Espitia Ordóñez, director general (e) de la Uspec, explicó que este proyecto responde al documento CONPES estratégico 4082 de 2022 y al cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional que buscan garantizar condiciones dignas y de seguridad para la población reclusa. "La creación de condiciones dignas y de seguridad es fundamental para procesos de resocialización efectiva", afirmó.
Perspectivas y críticas expertas
Norberto Hernández, experto en prisiones de la Universidad Javeriana, advierte que aunque la construcción de nuevas cárceles ofrece una solución a corto plazo, no aborda el problema de fondo. "La delincuencia es ilimitada y puede haber mucha privación de la libertad, ante la cual el Estado no está en capacidad para dar respuesta", señaló. Hernández propone invertir más en penas alternativas y programas de utilidad pública que permitan redimir condenas mediante trabajo comunitario.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, considera pertinente el lanzamiento de esta infraestructura, pero insiste en que debe ir acompañada de una adecuada articulación institucional para garantizar servicios penitenciarios, acceso a salud, alimentación y programas de resocialización. El órgano de control enfatiza la necesidad de una política criminal que promueva el uso racional de la privación de la libertad y fortalezca medidas alternativas a la prisión.
Supervisión y próximos pasos
La Contraloría General de la República ha inspeccionado la obra y, hasta la fecha, no ha identificado irregularidades en la ejecución presupuestal. Esta prisión se perfila como la más cercana a inaugurarse en el país, marcando un hito al incorporar espacios específicos para población indígena con perspectiva étnica.
Daniel Gutiérrez, director del Inpec, destacó que la nueva cárcel no solo aliviará el hacinamiento, sino que también permitirá capacitar a funcionarios en la atención especializada de personas privadas de libertad. Las autoridades penitenciarias se preparan para recibir este establecimiento, que representa una inversión millonaria con el objetivo de transformar delincuentes en personas funcionales para la sociedad.
