SAE ejecuta desalojo de propiedad vinculada a exgobernador condenado
En una operación coordinada con múltiples entidades estatales, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) logró la recuperación de un inmueble en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira. Esta acción se enmarca dentro del proceso de extinción de dominio iniciado contra el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, ampliamente conocido como 'Kiko' Gómez.
Operación interinstitucional en territorio guajiro
La diligencia de desalojo y recuperación del predio, que abarca una extensión de 1.000 metros cuadrados, contó con la participación activa de:
- La Policía Nacional
- El Ejército Nacional
- La Procuraduría General de la Nación
- La Alcaldía Municipal de Barrancas
El inmueble estaba siendo ocupado por la esposa y otros familiares directos del exmandatario regional, quien actualmente cumple condena en un establecimiento carcelario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Antecedentes penales del exgobernador
Juan Francisco 'Kiko' Gómez fue condenado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, dentro de la investigación del asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, ocurrido el 28 de agosto de 2012. Además, se comprobaron sus vínculos con estructuras armadas ilegales que operaban en el departamento de La Guajira.
Sin embargo, la situación jurídica del exgobernador presenta matices complejos. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó mediante una sentencia de 150 páginas la condena de 40 años de prisión que se le había impuesto por el asesinato del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997.
Esta decisión judicial, emitida el 8 de octubre de 2024, anuló la condena proferida originalmente por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá el 23 de junio de 2017, al determinarse que no se logró probar que Gómez hubiera sido el determinador directo de aquel homicidio.
Implicaciones del proceso de extinción de dominio
La recuperación de este inmueble representa un avance significativo en los esfuerzos del Estado colombiano por decomisar bienes adquiridos presuntamente con recursos de actividades ilícitas. La extinción de dominio se consolida como un mecanismo jurídico clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, permitiendo que propiedades vinculadas a procesos penales sean reintegradas al patrimonio nacional.
Este caso particular destaca por involucrar a un exfuncionario público de alto nivel y demuestra la coordinación interinstitucional necesaria para ejecutar este tipo de operaciones en regiones con presencia histórica de grupos armados ilegales.
