Minjusticia detalla procedimiento para trasladar a cabecillas de fiesta vallenata en cárcel de Itagüí
El escándalo generado por la fiesta vallenata realizada en la cárcel de Itagüí continúa generando reacciones contundentes por parte del gobierno nacional y las autoridades competentes. En esta ocasión, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ofreció detalles precisos sobre el procedimiento que se seguirá para trasladar a los cabecillas que participaron activamente en la parranda hacia otros establecimientos carcelarios.
Procedimiento ordenado por el presidente Petro
La decisión de reubicar a estos internos responde a una solicitud directa del presidente Gustavo Petro, quien manifestó su preocupación por los hechos ocurridos. Según explicó el ministro Cuervo en declaraciones a medios de comunicación, el proceso se iniciará con una petición formal elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
"La directriz del Presidente es empezar el traslado de estas personas. Sigue que la Oficina del Alto Comisionado elabora una petición formal. En Inpec informa sobre los pabellones y centros carcelarios disponibles y se toma la decisión de traslado que será coordinado por el mismo Inpec y la Policía", señaló el jefe de la cartera de Justicia.
Investigaciones disciplinarias y acciones inmediatas
Paralelamente al proceso de traslado, las autoridades continúan adelantando todas las investigaciones disciplinarias correspondientes. El ministro Cuervo enfatizó que ya se han tomado decisiones contundentes en el caso, incluyendo la remoción del director encargado del penal, Édgar Iván Pérez Ortega, así como el traslado del comandante de vigilancia.
"Se removió al director y comandante de guardia. Se abrieron procesos disciplinarios contra dragoneantes. La Fiscalía y la Procuraduría también están haciendo lo propio", afirmó el ministro durante su intervención.
Advertencia sobre beneficios en procesos de paz
El titular de Justicia aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje claro sobre los límites de los beneficios dentro de los procesos de negociación: "Quiero ofrecer excusas al país. Eso no puede pasar en centros carcelarios con representantes del proceso de negociación. La idea del gobierno es que si se retoman los diálogos tiene que haber garantías. Que se entienda que los beneficios no se transformen en desorden".
Acciones de la Fiscalía y el Inpec
En el ámbito penal, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una indagación por la fiesta vallenata realizada el pasado 8 de abril. El proceso investigativo busca determinar responsabilidades de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el delito de prevaricato por omisión, sin descartar la posible configuración de otros delitos asociados a hechos de corrupción al interior del establecimiento.
Entre las medidas más relevantes, se ordenó compulsar copias contra el cantante Nelson Velásquez ante la delegada para las finanzas criminales, con el objetivo de establecer si existen méritos para investigarlo por el delito de enriquecimiento ilícito u otras conductas relacionadas con su participación en el evento.
Por su parte, el Inpec inició una investigación disciplinaria desde el 9 de abril, destacando que la fiesta en el penal no contaba con autorización de la Dirección General ni del Gobierno Nacional o el Ministerio de Justicia. Como resultado de estas investigaciones, hasta el momento 11 servidores han sido apartados temporalmente de sus cargos mediante la Resolución 2627 del pasado 10 de abril.
Consecuencias inmediatas del caso
Las acciones tomadas hasta el momento incluyen:
- Remoción inmediata del director encargado del penal de Itagüí
- Traslado del comandante de vigilancia del establecimiento
- Apertura de procesos disciplinarios contra funcionarios de turno
- Investigación fiscal por posibles delitos de corrupción
- Indagación sobre la participación del cantante Nelson Velásquez
- Temporal separación de 11 servidores públicos
Este caso ha puesto en evidencia las debilidades en el control dentro del sistema carcelario colombiano y ha generado un debate nacional sobre los límites de los beneficios otorgados a participantes en procesos de paz, especialmente cuando estos parecen convertirse en permisividad para actividades fuera de los protocolos establecidos.
