Una década de persecución legal: el caso que expone el acoso judicial en Colombia
Hace exactamente diez años, la periodista Lorena Beltrán realizó una investigación periodística que cambiaría su vida para siempre. Tras ser víctima de malas prácticas médicas, descubrió que varios cirujanos habían homologado cursos cortos realizados en Brasil como si fueran especializaciones completas en Colombia, permitiéndoles realizar procedimientos para los que no estaban adecuadamente formados, poniendo en riesgo a pacientes.
Las consecuencias de hacer periodismo de investigación
De los 42 médicos originalmente denunciados por Beltrán, solamente 17 han recibido condenas, mientras que 25 nunca fueron llamados a juicio. Sin embargo, los profesionales médicos no olvidaron a quien los expuso. En 2025, tras publicar un video actualizando el estado del caso, Beltrán comenzó a recibir una avalancha de tutelas por injuria y calumnia.
La situación escaló peligrosamente cuando la periodista recibió correos electrónicos amenazantes cargados de insultos machistas, donde explícitamente le advertían que estaba siendo vigilada. Al obtener pruebas concretas de estos seguimientos, Beltrán tomó la difícil decisión de exiliarse, buscando dejar atrás el hostigamiento constante.
La persecución trasciende fronteras
Increíblemente, uno de los médicos denunciados localizó a Beltrán en su nuevo país de residencia y presentó una denuncia en su contra, acusándola de calumnias, intimidaciones con armas de fuego y otras afirmaciones sin fundamento. Recientemente, una jueza desestimó completamente la denuncia por falta de pruebas, pero la victoria legal resultó agridulce para la periodista.
"Lo más inquietante", explica Beltrán, "es que el médico conocía mi nueva dirección, información que no era pública. Además, los costos de mi defensa legal fueron exorbitantes, demostrando cómo el acoso judicial funciona como un ataque económico y emocional que puede prolongarse durante años".
Un patrón de violencia diferenciada contra mujeres periodistas
La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) ha analizado este caso en profundidad, señalando en un comunicado que "la exposición y uso de datos personales sensibles constituyen una forma de persecución que puede generar entornos de riesgo y derivar en agresiones más graves". La organización enfatiza que este caso representa una forma diferenciada de violencia contra mujeres periodistas, utilizando mensajes y prácticas que refuerzan estereotipos de género para silenciarlas como represalia por sus investigaciones.
El acoso judicial como estrategia de censura moderna
El acoso judicial se define como el uso indiscriminado y abusivo de herramientas legales para silenciar voces críticas, funcionando como una estrategia de intimidación particularmente eficaz. Esta forma de censura no solo ataca económicamente a sus víctimas, sino que también muestra las profundas desigualdades en el acceso a la justicia y cómo el mismo sistema legal puede ser manipulado para obstruir el trabajo periodístico.
La Corte Constitucional colombiana, en su sentencia T-452 de 2022, ha reconocido que el desequilibrio de poder entre quienes acosan judicialmente y sus víctimas es un aspecto clave para determinar este fenómeno. Este reconocimiento jurídico marca un precedente importante, pero insuficiente frente a la magnitud del problema.
La necesidad urgente de protección legal
Expertos en libertad de prensa coinciden en que la única manera efectiva de defender el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa frente al acoso judicial es mediante legislación específica que proteja a quienes realizan denuncias de interés público. Leyes similares ya existen en jurisdicciones como California, Estados Unidos, y se consideran urgentemente necesarias en Latinoamérica, donde esta estrategia de censura está creciendo exponencialmente.
El caso de Lorena Beltrán ilustra crudamente cómo las defensas individuales resultan insuficientes frente a un sistema que puede ser manipulado para silenciar periodistas. Su experiencia de una década de hostigamiento demuestra que, sin protecciones legales robustas, el periodismo de investigación en Colombia seguirá enfrentando barreras que van más allá de los desafíos profesionales tradicionales, adentrándose en terrenos de persecución personal y riesgo vital.
