Un juez de la República condenó a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, responsable de ordenar una acción armada ejecutada por las disidencias de las Farc que dejó como saldo cinco jóvenes fallecidos y dos heridos en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico, departamento del Valle del Cauca. Los lamentables hechos ocurrieron el 24 de enero de 2021.
Detalles de la investigación judicial
De acuerdo con el expediente judicial, el hoy sentenciado se desempeñaba como conductor de un empresario de la región. Fue precisamente desde esa posición que contactó a integrantes del frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc para proponerles el secuestro del hijo de su empleador, con el objetivo de exigir un rescate económico.
Las pesquisas revelaron que Guerrero Gil entregó a los criminales planos detallados, fotografías e indicaciones precisas del lugar donde residían las víctimas. Además, habría señalado la suma de dinero que podía ser exigida durante la retención ilegal.
Desarrollo de los hechos
Las autoridades establecieron que una estructura armada recibió la instrucción de ejecutar el secuestro. Sin embargo, al ingresar a la finca, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de adolescentes que se encontraban compartiendo en el lugar, sin darles oportunidad alguna.
Como resultado de esta masacre, cinco jóvenes perdieron la vida y dos más resultaron gravemente heridos, hechos que consternaron a la comunidad del Valle del Cauca y al país entero.
Condena y delitos imputados
Por estos hechos, William Guerrero Gil fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La pena impuesta fue de 60 años de prisión, la máxima contemplada en la legislación colombiana para este tipo de crímenes.
Antecedentes judiciales
Anteriormente, la justicia había condenado a Jhon Jaime Ramírez, alias 'JJ', y a Diego Fernando Rivas Suleta, alias 'Simón', quienes recibieron penas superiores a 31 años de prisión por su participación en estos mismos hechos. Con esta nueva sentencia, se cierra un capítulo más en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
