La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de estafa agravada a Judith Elbertes Jay Cuervo, una abogada que habría engañado a 15 personas en Rionegro, Antioquia, y Buga, Valle del Cauca. Su modus operandi consistía en simular que tenía influencias en juzgados civiles y entidades públicas para favorecer a sus víctimas en supuestos procesos de remate de inmuebles. La procesada aceptó los cargos ante un juez de control de garantías y recibió medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel.
Modus operandi del fraude inmobiliario
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Jay Cuervo solicitaba consignaciones a cuentas bancarias propias con el argumento de cubrir trámites como fichas catastrales, gestiones ante juzgados y requisitos para concretar la compra de fincas y viviendas en zonas urbanas. La investigación la vincula directamente con 12 eventos delictivos que afectaron económicamente a ciudadanos en dos departamentos del país.
La mujer se valía de su calidad de abogada para convencer a sus víctimas sobre supuestos contactos estratégicos en el sistema judicial. Esta condición profesional le permitía generar un nivel de confianza suficiente para que los afectados entregaran recursos económicos sin mayores cuestionamientos sobre la legitimidad de las operaciones inmobiliarias que prometía facilitar a través de procesos judiciales de adjudicación de bienes.
Patrón delictivo documentado
El patrón delictivo documentado por las autoridades era consistente en todos los casos investigados. Jay Cuervo contactaba a potenciales compradores de inmuebles y les aseguraba que podía mediar e intervenir con el propósito de favorecerlos en procesos de remates de bienes que supuestamente se adelantaban en juzgados civiles. Les prometía acceso privilegiado a fincas y viviendas que estarían disponibles en subastas judiciales.
Una vez establecido el contacto inicial, la procesada solicitaba consignaciones bancarias para finiquitar la compra de las propiedades ubicadas en zonas urbanas y rurales. También cobraba por adelantado la gestión de diferentes requisitos como las fichas catastrales y prometía agilizar los trámites en los juzgados. Los montos exactos captados no fueron revelados por la Fiscalía en el comunicado oficial sobre el caso.
Después de recibir el dinero en sus cuentas bancarias, la abogada perdía contacto con los ciudadanos que habían confiado en sus servicios. No devolvía los recursos que le habían entregado ni concretaba la entrega de las propiedades prometidas. Este modus operandi se repitió en al menos 12 ocasiones documentadas entre los municipios de Rionegro y Buga, dejando un total de 15 víctimas identificadas.
Aceptación de cargos y medida de aseguramiento
Un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Antioquia presentó a Jay Cuervo ante un juez de control de garantías durante la audiencia de imputación de cargos. En esa diligencia judicial, el representante del ente acusador le imputó formalmente el delito de estafa agravada por las actuaciones ilícitas cometidas en los dos departamentos donde operó el esquema fraudulento.
La procesada aceptó los cargos que le fueron imputados durante la audiencia judicial. Como consecuencia y tras evaluar las condiciones del caso, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
La figura de casa por cárcel permite que la procesada permanezca en su residencia mientras avanza el proceso judicial, en lugar de ser recluida en un centro penitenciario. Esta medida se adopta considerando factores como la gravedad del delito, el riesgo de fuga y las circunstancias particulares de cada caso. El expediente ahora queda en manos del sistema judicial para definir las etapas procesales siguientes.
Antecedentes penales
Este no es el primer encuentro de Judith Elbertes Jay Cuervo con la justicia colombiana por hechos de esta naturaleza. Por actividades delictivas similares cometidas en municipios del Oriente antioqueño, la mujer ya había sido sentenciada previamente a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento en Marinilla, Antioquia, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
