Así de brutal. Así de simple. Una mujer llega por un procedimiento “mínimamente invasivo”, empieza a deteriorarse físicamente durante horas frente a quienes estaban allí, presenta dificultad respiratoria, desorientación, palidez, episodios de desmayo, incapacidad para mantenerse en pie… y luego desaparece. Y junto con ella desaparecen también las cámaras, los registros, las explicaciones y los responsables. Hay algo profundamente aterrador en un país donde una persona puede entrar consciente y voluntariamente a un establecimiento abierto al público y evaporarse alrededor de un procedimiento estético.
Y quizá lo más inquietante es que nada de esto parece excepcional. Porque estos lugares no funcionan escondidos en selvas remotas ni enterrados bajo tierra. Funcionan en barrios visibles, sobre avenidas transitadas, promocionándose todos los días frente a miles de personas. Publican resultados, descuentos, promociones y “transformaciones”. Captan clientes por redes sociales, por recomendaciones, por el voz a voz, por conocidas que “ya se lo hicieron allá”. Operan a plena vista. Y aun así, las autoridades locales encargadas de vigilar parecen descubrirlos solamente cuando ya ocurrió el desastre.
Siempre después. Después de la complicación. Después de la muerte. Después de la desaparición. Después del escándalo.
Y entonces aparecen las frases conocidas: “no tenía permisos”, “no contaba con habilitación”, “no había concepto sanitario”. Como si esas respuestas sirvieran de algo cuando una persona ya no aparece. Como si el problema fuera documental y no humano. Como si la vigilancia y el control hubieran terminado especializándose en certificar tardíamente que el desastre sí era un desastre.
Porque lo verdaderamente grave aquí no es solamente la ilegalidad del sitio. Lo verdaderamente grave es el crecimiento de una auténtica alcantarilla sanitaria paralela donde procedimientos invasivos y peligrosos se perciben como manicure avanzada y donde la anestesia y el bisturí se venden con la ligereza de una promoción de temporada.
Pero el cuerpo humano no negocia con publicidad. Una embolia no pregunta cuántos testimonios tiene el lugar antes de aparecer. Un colapso respiratorio sigue siendo un colapso respiratorio aunque haya luces, paredes con publicidad y videos virales en redes sociales.
Y mientras tanto sigue creciendo un ecosistema improvisado donde se exponen vidas humanas bajo una certeza escalofriante: probablemente nada pasará. O peor aún, que si pasa, bastará con cerrar el lugar, borrar unos registros y apagar un par de teléfonos.
Por eso lo ocurrido con Yulixa Toloza produce tanto horror. Porque no parece un episodio aislado. Parece el síntoma de un deterioro mucho más profundo. El de una sociedad donde la apariencia empezó a pesar más que la prudencia, donde demasiadas personas ponen en riesgo cuerpos humanos como si fueran mercancía emocional y donde la vigilancia sanitaria parece llegar siempre con la puntualidad de una necropsia.
Carlos Francisco Fernández
Médico - periodista.
