Pese a las altas expectativas generadas tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela corre el riesgo de consolidar un modelo de 'tecnocracia autoritaria', un sistema que prioriza la seguridad jurídica para la inversión extranjera y la estabilización comercial, pero mantiene intacto el aparato represivo contra los ciudadanos.
Conclusiones del informe de Provea
Así lo advierte el informe anual de la ONG venezolana Provea, titulado 'El eclipse de la Constitución', presentado el jueves. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, señaló que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos generó un nuevo tablero político, pero no ha significado un avance real en la recuperación democrática, ya que el marco normativo que sustenta la persecución sigue vigente.
'Existe un riesgo de que la estabilización se centre en brindar garantías a la inversión extranjera, dejando de lado los derechos. El marco represivo sigue igual. Las decisiones económicas y legislativas marcan una transición hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente más transparente y, menos aún, respetuoso de los derechos humanos', advirtió Murillo.
Un nuevo momento que podría ser una mutación del autoritarismo
Para Provea, este 'nuevo momento' que vive Venezuela podría ser simplemente una mutación del autoritarismo cuando el poder actual ralentiza y distorsiona la transformación institucional. 'Esta transformación no tiene en el poder su principal aliado. Por el contrario, es una misión de la sociedad civil impulsar que se restablezca la vigencia de la Constitución', enfatizó Murillo.
El fin de una década oscura con futuro incierto
El informe califica el periodo reciente como la culminación de una 'década oscura'. El desconocimiento de los resultados electorales en 2024 derivó en una represión que se recrudeció durante 2025. Las cifras presentadas por la ONG reflejan una crisis de derechos humanos profunda y sistémica.
Lissette González, investigadora de Provea, indicó que el año pasado se contabilizaron 336 personas asesinadas por fuerzas policiales y militares, especialmente personas pobres, siguiendo un patrón ya establecido. Además, recibieron 659 denuncias de torturas y tratos crueles o degradantes, y se evidenció un alarmante incremento del 196 por ciento en las desapariciones forzadas con respecto a 2024. 'Hubo casos en que la desaparición superó los 100 días', destacó.
Durante 2025, las detenciones políticas aumentaron un 102 por ciento en comparación con el promedio histórico, y más de 130 dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente. Aunque el informe se centra en los datos del año pasado, Provea incluyó los primeros cuatro meses de 2026 en su análisis.
Estabilización frágil sin desmantelar el andamiaje represivo
La organización sostiene que cualquier intento de estabilización será frágil si no se desmantela el andamiaje construido en las últimas dos décadas. A esto se suma una crisis humanitaria que no cesa: comunidades indígenas continúan muriendo por enfermedades prevenibles como malaria y tuberculosis, mientras los salarios y pensiones permanecen estancados.
Respecto a la Ley de Amnistía promulgada en enero por la encargada del país, Delcy Rodríguez, la ONG la calificó de 'insuficiente' debido a su aplicación discrecional, exigiendo la liberación plena e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos, que según el Foro Penal suman 457 hasta el 4 de mayo.
Un llamado a la resistencia civil
La presentación del informe contó con la participación de varios excarcelados y grupos que piden la libertad de los prisioneros. El expreso político Javier Tarazona reforzó el mensaje de resistencia: 'Si el poder ha usado la ley para oprimir, nosotros usaremos la verdad para ser libres. La dignidad no se negocia y los derechos humanos no son una concesión del Estado, son nuestra propia esencia', dijo Tarazona, quien al ser detenido era coordinador de Fundaredes.
Tarazona relató que fue sometido a tratos crueles, como celdas de castigo y 47 días sin bañarse. 'Convertimos esa oscuridad en luz', expresó durante la presentación en la Universidad Central de Venezuela.
Aunque no se refirieron explícitamente a Delcy Rodríguez, Provea manifestó su temor de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúe obviando la declaración de falta absoluta de Nicolás Maduro, impidiendo el retorno al hilo constitucional. 'Ningún proceso de liberación económica sin libertades democráticas es cónsono con los derechos humanos', sentenció Murillo. 'La democracia es la condición de posibilidad para la recuperación de la dignidad humana'.
El TSJ aumentó esta semana el número de magistrados de 20 a 32, y la Sala Constitucional pasó de cinco a siete jueces, lo que genera preocupación entre analistas de que la sala más importante tenga más jueces para avalar al chavismo.
EE. UU. y la prioridad petrolera
Venezuela atraviesa un periodo de incertidumbre. Bajo el tutelaje de Estados Unidos se han reformado leyes como la de Hidrocarburos y Minas, permitiendo que crezca el interés de las transnacionales en retornar al país. La producción petrolera ya supera los 1.200.000 barriles diarios, lo que ha incrementado los ingresos, aunque el dinero por renta petrolera está siendo manejado por Estados Unidos y auditado por KPMG, según declaró el secretario de Estado Marco Rubio, quien también sugirió que en lo inmediato no habrá elecciones en Venezuela, pero sí en el futuro.
Según el economista Hermes Pérez, los ingresos por venta de crudo en 2026 podrían duplicarse frente a 2025, pasando de 18 millones a unos 40.000 millones de dólares. Sin embargo, eso no ha servido para aumentar el salario mínimo de los trabajadores.
