Las autoridades de los departamentos del Meta y del Guaviare denunciaron que las disidencias de las Farc están llevando a cabo una campaña de carnetización obligatoria e ilegal en las zonas rurales. Esta acción tiene como objetivo controlar a la población civil y ejercer presión en el proceso electoral.
La información fue revelada durante un consejo de seguridad realizado en la Gobernación del Meta. En el encuentro se anunciaron nuevas medidas de control territorial, el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales, el refuerzo de labores de inteligencia y mayores acciones preventivas para proteger a las comunidades y fortalecer la seguridad en la región.
En la rueda de prensa participaron altos mandos del Ejército Nacional y la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés. Explicaron que los enfrentamientos registrados en el sur de la región ya no solo responden a una disputa por rutas o control territorial, sino a la intención de doblegar a la ciudadanía.
“Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, señaló el mayor general Erik Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares.
Según las autoridades militares y civiles, las estructuras delincuenciales detrás de esta campaña son las disidencias de alias ‘Calarcá’ e Iván ‘Mordisco’. Estos grupos han sido blanco de varios bombardeos en los últimos meses.
“En contra de ese fenómeno venimos adelantando operaciones importantes. Se han dado resultados de relevancia en el departamento del Guaviare durante los últimos meses, los cuales ya han sido de conocimiento público, como unos bombardeos y unas afectaciones importantes. También en el departamento del Meta hemos realizado varios operativos contra estos grupos”, comentó el general Rodríguez.
Por su parte, la gobernadora Rafaela Cortés denunció que esta estrategia de carnetización ha avanzado rápidamente, especialmente en las comunidades más vulnerables. Aseguró que desde hace meses la población civil ha recibido panfletos y presiones directas, en las que se les exige inscribirse bajo directrices criminales para condicionar su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales.
Ante la situación que viven el Meta y el Guaviare, las autoridades concluyeron que desplegarán todas sus capacidades para contrarrestar el impacto de los grupos armados y blindar la libertad de sufragio. Las medidas incluyen el refuerzo de la presencia militar y policial, así como operativos de inteligencia para desarticular estas redes ilegales.
