La administración de Donald Trump ha provocado un aumento sin precedentes en las salidas voluntarias de migrantes de Estados Unidos. Según un nuevo informe del Instituto Vera para la Justicia, entre enero de 2025 y marzo de 2026, los jueces migratorios emitieron más de 80.000 órdenes de salida voluntaria, en su mayoría para personas bajo arresto. Esta cifra contrasta con las 11.400 registradas durante los últimos 15 meses del gobierno de Joe Biden, lo que representa un incremento de más de siete veces.
Entre los afectados se encuentran miles de colombianos. Una investigación de este diario, basada en datos de Vera y del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, revela que durante el año fiscal 2025 y lo que va de 2026, unos 5.344 colombianos han recibido órdenes de salida voluntaria. En el año fiscal 2024, esa cifra fue de solo 638.
¿Qué es la salida voluntaria?
La salida voluntaria es una figura legal que permite a un migrante abandonar EE.UU. con autorización judicial antes de que se emita una orden formal de deportación. El inmigrante renuncia a seguir litigando su caso, incluyendo posibles solicitudes de asilo u otras protecciones humanitarias, pero evita una orden de deportación que podría impedir su regreso legal por años o incluso de forma permanente. Para acceder a esta opción, se requiere no tener antecedentes penales graves y cumplir con las condiciones impuestas por el juez. Si no se abandona el país en el plazo establecido, la salida voluntaria puede convertirse en una orden de deportación con consecuencias más severas.
Estrategia de autodeportación
Los expertos señalan que este fenómeno no es solo una decisión individual, sino parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para promover la autodeportación. La administración ha implementado campañas públicas, avisos en centros de detención y cortes migratorias, al mismo tiempo que ha aumentado los arrestos y reducido las posibilidades de excarcelación. Anteriormente, muchos inmigrantes podían seguir sus procesos en libertad mientras esperaban una audiencia; ahora, cada vez más permanecen detenidos hasta que se resuelve su caso.
Según el análisis de Vera, más del 70% de quienes recibieron salida voluntaria bajo Trump estaban encarcelados al momento de solicitarla. Solo en marzo de 2026, más de 9.000 personas obtuvieron permiso judicial para salir del país. Jacquelyn Pavilon y Neil Agarwal, investigadores de Vera, concluyeron que estos cambios ocurren mientras aumenta el número de personas detenidas y enfrentan la deportación, y proporcionalmente menos son liberadas.
Shayna Kessler, directora de una iniciativa de representación legal de Vera, explicó que las personas optan por la salida voluntaria para salir de detención más rápido, al no ver otras vías de alivio. A su juicio, esta tendencia parece ser un componente de la agenda de deportación masiva, incluso en casos donde las personas podrían tener derecho legal a permanecer.
Presión en las cortes migratorias
Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, señaló que la imposibilidad de muchos detenidos de solicitar fianza es un factor central. El cambio también coincide con una reconfiguración de las cortes migratorias: la administración Trump despidió a más de 100 jueces migratorios y contrató a nuevos magistrados, algunos con poca experiencia. Desde entonces, las denegaciones de asilo y otras protecciones han aumentado. Los jueces más nuevos son asignados desproporcionadamente a casos de personas detenidas, donde es más difícil conseguir abogado o preparar una defensa.
La administración Trump defiende esta política como parte de su ofensiva para hacer cumplir la ley migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que millones han salido del país porque los inmigrantes saben que Trump está haciendo cumplir las leyes. La Casa Blanca considera la salida voluntaria una herramienta para acelerar la reducción de la población indocumentada.
Colombianos, el cuarto grupo más afectado
Los colombianos son el cuarto grupo que más está saliendo de EE.UU., después de mexicanos, guatemaltecos y hondureños. El salto de 638 órdenes en 2024 a más de 5.300 en 2025-2026 sugiere que la ofensiva migratoria golpea directamente a una comunidad con creciente presencia en tribunales migratorios. Este fenómeno también explica la diferencia entre las cifras oficiales y los conteos independientes: mientras la administración reporta más de 650.000 salidas en el primer año de Trump, análisis independientes sitúan las deportaciones formales cerca de 300.000 a 350.000, siendo el resto salidas voluntarias o autodeportaciones.
Para organizaciones como Vera, la distinción es clave: una deportación ejecutada por el gobierno es diferente a que una persona abandone el país tras meses de detención y presión judicial. Cada vez más inmigrantes eligen una puerta de salida que legalmente preserva algunas opciones futuras, pero que en la práctica implica renunciar a su caso de protección en EE.UU.
