Un operativo reciente ha conmocionado al departamento de Antioquia. Las autoridades confirmaron la captura de una psicóloga que trabajaba como contratista de la Alcaldía de Bello, acusada de pertenecer a una red dedicada a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín y el Valle de Aburrá.
Perfil profesional de la detenida
La detenida, identificada como Angie Ruiz Hurtado, es una profesional de la salud mental que tenía la responsabilidad de velar por el bienestar social. Según las investigaciones, habría aprovechado su conocimiento y posición para facilitar el contacto con menores en situación de vulnerabilidad, lo que ha causado gran asombro entre la ciudadanía y las instituciones.
Operativo articulado
La captura se realizó de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y organismos internacionales como Homeland Security Investigations (HSI) y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (TCIU). La acción contó con el respaldo de agentes federales en varias ciudades de Estados Unidos, como Massachusetts, Florida y Ohio, así como en territorio colombiano.
La detención de la psicóloga no fue un hecho aislado, sino que se dio en el marco de allanamientos simultáneos que lograron desarticular varios núcleos de esta red criminal.
Métodos de investigación
De acuerdo con el reporte oficial, los investigadores utilizaron agentes encubiertos e interceptaciones telefónicas para rastrear los pagos y la coordinación de los encuentros. La organización criminal operaba no solo en sectores aledaños, sino que también utilizaba apartamentos en zonas residenciales de estrato medio y alto en Medellín para evadir los controles policiales.
Papel de la contratista
Según las hipótesis de la Fiscalía, la contratista cumplía un rol clave en la cadena de captación y legitimación de la red, proporcionando una fachada de normalidad y profesionalismo que dificultaba la detección del delito.
Reacción de la Alcaldía de Bello
Ante la gravedad de las acusaciones, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado oficial expresando su rechazo categórico. La administración municipal aclaró que la implicada mantenía un contrato de prestación de servicios y que, una vez conocida la situación jurídica, se procedió a la terminación inmediata de cualquier vínculo contractual.
“No toleraremos que ninguna persona vinculada a nuestra administración se vea envuelta en delitos que atenten contra la integridad de nuestros niños. Estamos brindando toda la colaboración necesaria a los entes judiciales para que este caso no quede en la impunidad”, señalaron desde la Alcaldía.
Asimismo, iniciaron una auditoría interna para verificar si la mujer tuvo acceso a bases de datos de menores beneficiarios de programas sociales que pudieran haber sido victimizados.
Proceso judicial
La psicóloga fue presentada ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura e imputación de cargos. Se le acusa de concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo de fuga, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Mientras tanto, un equipo de la Comisaría de Familia y el ICBF trabaja en el restablecimiento de derechos de los menores rescatados durante los allanamientos.
