A la presidenta del Concejo del municipio de Obando (Valle), Mileidy Villada González, la asesinaron dos sicarios delante de su hijo, de otro familiar y del secretario de Gobierno de esta población en el norte del departamento cuando todos se encontraban departiendo en un restaurante en el barrio Jardín. Aunque el caso se sigue investigando, las autoridades indagan la relación del crimen con panfletos intimidatorios que circularon días antes en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde el nombre de la concejal aparecía en una “lista negra” de objetivos de organizaciones criminales.
El caso refleja la violencia que se siente en las regiones y ensombrece las elecciones en medio de la presión de grupos armados. Hacia el sur, en el Cauca, la situación es incluso más crítica. Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y defensor histórico del ambiente y del territorio en el norte del Cauca, afirma que en el departamento existe una restricción no declarada al ejercicio electoral.
Según el líder indígena, la reciente escalada de violencia —marcada por atentados y acciones terroristas, entre ellas la explosión en la vía Panamericana que dejó 22 víctimas civiles— tendría un propósito claro: sembrar miedo entre la población, sabotear el proceso electoral y limitar la participación de las comunidades en las urnas.
En la vereda El Cofre, en Cajibío, a 17 minutos de la vía Piendamó–Popayán, un líder social que pidió mantener en reserva su identidad asegura que, aunque las actividades laborales y educativas se han retomado, persiste un ambiente de temor entre la comunidad. Según relata, en los últimos días han circulado panfletos atribuidos a grupos armados en los que se imponen restricciones hasta el 31 de mayo, fecha fijada para la primera vuelta presidencial. Entre las prohibiciones mencionadas están las aglomeraciones, las salidas a discotecas, las actividades deportivas y la permanencia cerca de puestos militares.
“Estas acciones de los actores armados tienen un interés electoral. Los ataques masivos y bárbaros que han cometido contienen mensajes políticos; buscan enviarle un mensaje a quien llegue a la presidencia”, señala Capaz Lectamo.
En varias regiones del país, organismos de inteligencia y unidades de la Fuerza Pública han comenzado a documentar un aumento de acciones de constreñimiento electoral y control social por parte de grupos armados ilegales, en medio del ambiente preelectoral que empieza a agitarse en zonas rurales de cara a las presidenciales.
El propio candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, confirmó estos hechos a partir de información que, según afirma, ha llegado a su campaña desde organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo. El aspirante del Pacto Histórico rechazó estas denuncias: “Nadie puede decir a nombre del Pacto Histórico que se obliga, presiona o recomienda votar por mí para favorecer al Pacto Histórico. Eso no lo aceptamos de ninguna manera”, dijo el candidato oficialista.
Y aunque el mismo Cepeda y el presidente Petro han sugerido, sin aportar pruebas, que detrás de escaladas terroristas como la que mató a 22 campesinos en el Cauca hace dos semanas supuestamente habría un plan para beneficiar políticamente “a la derecha”, el hecho es que los perpetradores de esas acciones son grupos criminales, como el de alias Mordisco, que se beneficiaron y expandieron gracias a los errores de la ‘paz total’ del actual gobierno.
Reportes conocidos por autoridades dan cuenta de que las disidencias de ‘Mordisco’ en Cauca y de la ‘Calarcá’ —quien mantiene asiento en la ‘paz total’ pese a crímenes como el asesinato del joven periodista Mateo Pérez— en Meta, Guaviare y Caquetá adelantan procesos de carnetización comunitaria, entrega de panfletos y orientación política dirigida a líderes locales y habitantes de veredas apartadas. Incluso tienen vallas políticas.
Fuentes de la Fuerza Pública le dijeron a EL TIEMPO que, en municipios del Meta, hombres vinculados a las disidencias de ‘Calarcá’ han venido distribuyendo documentos asociados con una supuesta cooperativa regional. Según la información recopilada por inteligencia militar, esos panfletos contienen instrucciones dirigidas a presidentes de juntas de acción comunal (JAL) y líderes rurales para que transmitan a las comunidades “la línea” sobre el candidato por el que deben ejercer el derecho al voto.
Un líder consultado asegura que esta situación se presenta con especial fuerza en el sur del departamento, en municipios como Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, Mesetas, Lejanías y Puerto Lleras. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que sobre estas zonas existe monitoreo permanente.
“Existe en este momento, como en varios departamentos del país, presión por parte de grupos armados ilegales y de bandas criminales para que la gente no vote o vote por ciertos candidatos. Se han programado consejos de seguridad y un PMU que se realizarán en los próximos días y durante el fin de semana de las elecciones. Tenemos monitoreo permanente y mucha mayor atención sobre los municipios de Vista Hermosa, La Macarena y Uribe”, señaló Cortés.
Los informes también señalan que en algunas zonas rurales se estarían realizando censos poblacionales que incluirían datos personales, ubicación de residencia y núcleo familiar de campesinos y habitantes de las veredas. Investigadores consultados sostienen que este tipo de prácticas han sido utilizadas históricamente por organizaciones armadas para consolidar control sobre la movilidad de la población, identificar liderazgos locales y ejercer presión sobre procesos electorales en regiones con limitada presencia institucional.
En el Bajo Cauca antioqueño, una de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados, narcotráfico y minería ilegal, también crecen las alertas por posibles presiones sobre el comportamiento electoral. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advierte que en estos territorios existe una relación entre la violencia armada, la abstención y el direccionamiento del voto.
“Hay una estrecha correlación entre la presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico, minería ilegal y una baja participación electoral. Pero aun existiendo una baja participación electoral, en esos sitios la mayoría de los votos se los lleva el partido de gobierno. Lo que se está evidenciando es una capacidad de constreñir la libre voluntad de los electores para votar de una manera diferente. Bien porque terminan favoreciendo mayoritariamente al partido de gobierno por encima de otras colectividades, o bien porque la gente se abstiene de votar”, subrayó Rendón.
El mandatario advirtió que, en varias subregiones del departamento, especialmente en el Bajo Cauca, Urabá, el nordeste, el norte y el Magdalena Medio antioqueño, así como en algunos sectores populares del Valle de Aburrá, existe un fenómeno de constreñimiento electoral. Mientras tanto, a pesar del escándalo del parrandón vallenato en la cárcel de Itagüí, los capos de las bandas de Medellín que supuestamente debían ser trasladados por orden del presidente Petro siguen en sus celdas con privilegios. Son los mismos jefes criminales del ‘tarimazo’ con el jefe de Estado y cuyo control sobre las comunas ha sido reiteradamente denunciado.
La candidata presidencial Paloma Valencia, cuya presencia y la de líderes políticos del Centro Democrático ha sido vetada por algunos frentes de las disidencias, dice que los violentos están imponiendo condiciones ante la pasividad del Gobierno. “Hemos visto en muchas regiones del país que a la gente le dicen que no pueden votar por mí. De hecho, hay pancartas de los grupos ilegales que dicen que yo no puedo entrar”, expuso la senadora.
“Vivimos amenazas diarias en las regiones, territorios donde nos dicen que ya hay dueño y no nos dejan entrar”, aseguró la candidata Sondra Macollins. “Hay territorios donde no nos dejan ingresar por prohibiciones de estos delincuentes”, reafirmó Miguel Uribe Londoño. El director nacional de Cambio Radical, Germán Córdoba Órdóñez, elevó una solicitud formal a la Registraduría en la que pide el traslado de puestos y mesas de votación desde zonas sin garantías hacia lugares seguros que permitan el ejercicio libre del sufragio.
En el proceso de seguimiento que hace la Misión de Observación Electoral (MOE) no han llegado reportes asociados a constreñimiento armado a favor de alguna candidatura. Su directora, Alejandra Barrios, le dijo a EL TIEMPO que en gran parte del país existe una presencia fragmentada y atomizada de distintos grupos armados, lo que dificulta que una sola estructura ejerza un control hegemónico sobre el comportamiento electoral. Barrios advirtió que en algunas zonas un grupo puede prohibir campañas políticas, mientras otro actor armado puede imponer instrucciones distintas pocos días después.
Barrios reconoce que las acciones violentas sí impactan la aproximación al derecho al voto. Además del Cauca y el Bajo Cauca antioqueño, identifica al Chocó, Arauca y el Catatumbo como zonas donde es “necesario enviar mensajes claros de protección a la sociedad civil para que puedan salir a votar con garantías”. La MOE prepara una actualización del mapa de municipios en riesgo por coincidencia de factores de fraude y violencia. En las elecciones legislativas, la entidad identificó 185 municipios en riesgo, de los cuales 94 estaban en nivel extremo. Y esta semana está previsto un espacio de contrastación de datos en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.
Eduin Capaz admite que existen zonas del Pacífico de difícil acceso incluso para el Cric, donde podría estarse presentando constreñimiento. Por antecedentes que conoce, advierte que incluso podría complicarse la llegada formal de la infraestructura electoral.
