La situación de orden público en el Valle del Cauca atraviesa un momento crítico. En las últimas 24 horas se han registrado más de tres ataques, en medio de un panorama que combina acciones de grupos armados ilegales, estructuras criminales y economías ilícitas. La Defensoría del Pueblo, a través de su máxima representante, advierte que este escenario no es nuevo y que ya había sido identificado mediante alertas tempranas.
¿Qué está pasando en el Valle del Cauca?
La defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó frente a la reciente ola de violencia con un mensaje de rechazo y solidaridad hacia las víctimas: "Bueno, un rechazo a estos hechos y la solidaridad nuestra con todo el pueblo vallecaucano y con todas las personas que siguieron afectadas por estos hechos". El panorama, según explicó, es especialmente complejo en el suroccidente del país, donde Cali no solo funciona como capital del Valle del Cauca, sino como eje de una región marcada por la disputa entre distintos actores ilegales.
"Bueno, mire, en la región del suroccidente, que en donde pues digamos Cali es la capital no solo del valle, sino el suroccidente del país, pues es una de las regiones más complicadas en términos de conflictividad armada y criminalidad organizada de todo nuestro país", afirmó Marín. En esta zona se configura una dinámica que la Defensoría describe como "conflictividad híbrida". Allí coinciden grupos del conflicto armado, como disidencias de la línea de Mordisco, el Eln y el Clan del Golfo, junto a estructuras de criminalidad organizada que, en algunos casos, operan de manera conjunta o paralela.
Ya había alertas tempranas de los ataques en Valle del Cauca
Este escenario ya había sido advertido con anterioridad. "Todo esto estaba efectivamente advertido en varias alertas tempranas, pero particularmente para Cali, una alerta del segundo semestre del año pasado…", señaló la defensora. La repetición de ataques con artefactos explosivos es uno de los elementos más preocupantes. De acuerdo con Marín, estos hechos no solo buscan impactar objetivos específicos, como instalaciones de la fuerza pública, sino que terminan generando consecuencias indiscriminadas sobre la población civil: "Vemos cómo se repite, digamos, este tipo de agresiones a través de artefactos explosivos que causan un temor generalizado…".
Además, la funcionaria explicó que Cali cumple un papel estratégico dentro de las economías ilegales del suroccidente, lo que incrementa la disputa territorial: "Cali es el centro de paso, recepción, operación, logística de muchas economías ilegales del suroccidente… principalmente el narcotráfico, pero también tenemos el tema de minería que viene del Chocó principalmente".
Impacto sobre las juventudes
Pero la violencia no se limita a los ataques recientes. Casos como el secuestro y asesinato de cuatro jóvenes en Jamundí evidencian otro fenómeno alarmante: el impacto directo sobre las juventudes. "Las juventudes en nuestro país son, digamos, quienes más se están viendo afectadas por esta violencia", afirmó Marín. Según la defensora, los jóvenes enfrentan múltiples riesgos dentro de este contexto: homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento. "Vemos homicidios, vemos secuestros contra jóvenes. También vemos el tema del reclutamiento forzado", agregó. La gravedad es tal que, en territorios como Jamundí, las familias hablan de un fenómeno extremo: "En Jamundí, las madres de los jóvenes desaparecidos hablan de un juvenicidio".
Marín también advirtió que incluso quienes intentan mantenerse al margen de los grupos armados enfrentan amenazas constantes, ya sea por intentos de reclutamiento o persecución, lo que termina cerrando sus oportunidades de futuro. Pese a la dureza del panorama, la defensora insistió en que aún hay margen de acción si se toman decisiones adecuadas: "Yo creo que podemos hacer algo al respecto… pero sí los jóvenes están sufriendo estos hechos".
