Desalojo judicial de hotel en Benalmádena tras desmantelar trama de explotación ilegal
Un hotel en Benalmádena, Málaga, fue desalojado este miércoles por orden judicial tras la detención de seis personas vinculadas a una compleja trama societaria que explotaba ilegalmente el establecimiento. La operación, ejecutada por la Policía Nacional con apoyo de la Policía Local, se desarrolló en el hotel Vivemar, antiguamente conocido como Vistamar.
Antecedentes de un establecimiento problemático
El hotel había sido clausurado en octubre pasado, aunque se permitió su reapertura a finales de junio después de que los responsables presentaran una declaración responsable días después de ser precintado. El cierre inicial se produjo porque el establecimiento no estaba inscrito en el registro oficial de alojamientos turísticos y hoteleros de la Junta de Andalucía.
En el momento del desalojo, se encontraban en el interior del inmueble varios particulares, aunque las autoridades no han precisado el número exacto de personas afectadas por la medida.
Detenciones y estructura de la trama
Las detenciones se produjeron el pasado 4 de febrero, aunque hay un séptimo investigado que actualmente se encuentra en un centro penitenciario por otros delitos. Según informó la Policía Nacional en un comunicado, los arrestados estaban vinculados con la administración de distintas empresas que se sucedían al frente de la explotación del hotel, actuando en contra de la voluntad de los legítimos propietarios.
Los sospechosos fueron detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa y falsificación documental, utilizando diversas artimañas para mantener el control del establecimiento. Los dueños originales habían denunciado una trama que, sin autorización alguna, subarrendaba las instalaciones "en cadena", transfiriendo el control de unas sociedades a otras para lucrarse mediante la explotación ilícita.
Daños económicos y medidas cautelares
Se calcula que esta trama ha causado un perjuicio económico de aproximadamente 3 millones de euros a la sociedad propietaria del hotel. Como parte de la investigación, las autoridades han bloqueado 15 cuentas bancarias y 16 inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, todos vinculados a los investigados.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2024 por un representante de la propiedad legal del hotel. Los dueños originales habían llegado a un acuerdo de arrendamiento con una empresa, pero no consintieron los sucesivos traspasos a terceras compañías que se produjeron posteriormente.
Obstrucción administrativa y documentación falsificada
La sociedad denunciante había instado la apertura de diversos procedimientos administrativos en el Ayuntamiento de Benalmádena, pero estos se veían sistemáticamente obstaculizados cuando los investigados presentaban documentación que posteriormente se demostraría como falsificada.
La Policía Nacional estudió exhaustivamente la amplia documentación aportada por la parte denunciante y solicitó medidas judiciales para determinar la existencia de un cúmulo de sociedades controladas por empresarios vinculados entre sí. Estas empresas se habían perpetuado de manera fraudulenta en la explotación del hotel mediante la confección de contratos de subarrendamiento sin el consentimiento de los propietarios legítimos.
Evolución del entramado delictivo
El complejo entramado, controlado inicialmente por ciudadanos procedentes de países de Oriente Medio, fue posteriormente continuado por sociedades españolas que asumieron el control del establecimiento en las mismas condiciones ilegales.
Mediante el análisis de la documentación bancaria, se determinó que en ningún caso se realizaron pagos compatibles con el abono de rentas, ni entre las sociedades que se sucedían de modo ficticio ni a la parte denunciante. Esta evidencia reforzó la teoría de que se trataba de una estructura creada específicamente para el lucro ilícito.
Consecuencias administrativas y judiciales
También se examinaron minuciosamente los expedientes administrativos en los que se utilizó documentación falsificada, con el objetivo de determinar los efectos que la parálisis de estos procedimientos había ocasionado en la situación legal del establecimiento. Este análisis permitió comprender cómo la trama logró mantener el control del hotel durante un período prolongado a pesar de las múltiples irregularidades detectadas.
La operación representa un golpe significativo contra las estructuras de explotación ilegal de propiedades turísticas en la Costa del Sol, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades como a los legítimos propietarios de establecimientos hoteleros en la región.
