Un nuevo informe del diario The Washington Post reveló un fuerte incremento en el uso de la fuerza contra inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. Según la investigación, en los últimos 13 meses los incidentes en los que funcionarios recurrieron a la fuerza aumentaron un 37 por ciento respecto al año anterior. Paralelamente, el número de personas afectadas por el uso de la fuerza creció casi un 55 por ciento, con más de 1.330 detenidos involucrados en algún tipo de incidente.
Golpes, patadas y uso de pistolas 'taser' contra migrantes en EE. UU.
El tipo de violencia documentada por el medio abarca un amplio espectro. Los reportes internos describen golpes, patadas, maniobras de reducción, el uso de sillas de restricción y dispositivos eléctricos, como pistolas taser. También se registra el uso recurrente de agentes químicos, como el gas pimienta y proyectiles conocidos como pepper balls que liberan irritantes al impactar. Al menos 106 detenidos resultaron heridos desde comienzos de 2025, con lesiones que incluyen convulsiones, dislocaciones, fracturas y traumatismos craneales. La propia investigación advierte que la cifra real probablemente es mayor, ya que muchos reportes omiten información médica.
La lógica carcelaria que enfrentan los migrantes detenidos
El aumento coincide con un crecimiento acelerado de la población detenida, que creció un 45 por ciento en el mismo periodo. Para los especialistas citados por el Post, esa presión ayuda a explicar parcialmente el fenómeno. El experto en entrenamiento policial, Jeff Schwartz, apunta a factores como el hacinamiento, la falta de personal y deficiencias en la capacitación. Otros exfuncionarios sostienen que el problema es más estructural, pues estos centros de detención migratoria operan bajo una lógica carcelaria en la que el control prima sobre otros criterios, lo que facilita el uso de la fuerza ante cualquier forma de resistencia o incumplimiento.
Los documentos analizados también muestran que muchos de estos incidentes no se debieron a actos violentos por parte de los detenidos. En varios casos, la fuerza se utilizó cuando estos reclamaban acceso a comida, agua, atención médica o sus pertenencias, derechos contemplados en las propias normas de ICE. Esas normas establecen que la fuerza debe ser el último recurso y nunca un castigo, pero los reportes reflejan situaciones en las que las protestas o las negativas a acatar órdenes derivan rápidamente en el uso de gas pimienta u otras medidas coercitivas.
¿Qué justificación da el Departamento de Seguridad Nacional?
La explicación oficial difiere. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes están entrenados para aplicar la mínima fuerza necesaria y que las intervenciones responden a situaciones de riesgo o a la negativa de cumplir órdenes legítimas. Empresas privadas que operan centros de detención, responsables de buena parte de las instalaciones, defienden el mismo criterio y aseguran que estas prácticas buscan mantener la seguridad y el control.
Sin embargo, la investigación identifica inconsistencias entre los reportes oficiales y otras evidencias, como grabaciones de llamadas de emergencia o testimonios de testigos. En algunos episodios, incidentes que no registraron heridos en los informes sí derivaron en emergencias médicas. En otros, eventos graves ni siquiera aparecen en los registros internos.
Metodología y limitaciones del informe
El trabajo del Post se basa en un conjunto de correos electrónicos internos de ICE conocidos como "Daily Detainee Assault Reports" que resumen cada incidente en el que se utilizó la fuerza en centros de detención. Los reportes cubren centros que alojan al 86 por ciento de los detenidos, pero excluyen al menos 140 instalaciones, en su mayoría cárceles locales con contratos con ICE. Los documentos, entregados por un funcionario bajo condición de anonimato, cubren 98 instalaciones entre enero de 2024 y febrero de 2026. El equipo periodístico complementó esa información con solicitudes de acceso a documentos públicos, entrevistas y otros registros, como llamadas al 911.
Aun así, el propio medio advierte que su análisis probablemente subestima la magnitud del problema. Los reportes cubren centros que alojan al 86 por ciento de los detenidos, pero excluyen al menos 140 instalaciones, en su mayoría cárceles locales con contratos con ICE. Además, los documentos se han vuelto menos detallados con el tiempo, pues desde el año pasado los informes incluyen descripciones más breves y genéricas, lo que dificulta reconstruir lo ocurrido en cada caso.
Por Sergio Gómez Maseri - Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
