La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha manifestado su disposición a llevar a cabo un “canje humanitario” para lograr la liberación de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dos miembros de la Policía Nacional, quienes permanecen secuestrados desde mediados del año pasado en el departamento de Arauca.
Detalles del secuestro
Según un video difundido por el Frente de Guerra Oriental del ELN, los secuestrados fueron sometidos a un “juicio” interno en el que se decidió no imponerles la pena de muerte, sino mantenerlos en lo que denominan “prisión revolucionaria”. Los funcionarios del CTI son José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, mientras que los policías son Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Todos fueron interceptados mientras realizaban labores en la región.
Propuesta del ELN
En este contexto, el ELN plantea la posibilidad de intercambiar a los secuestrados por personas detenidas o por condiciones que serían negociadas con el Estado colombiano, aunque no se entregaron más detalles sobre los términos del posible canje.
Reacción del Gobierno
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó tajantemente la postura del grupo armado. “El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados. Y le pedimos también a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la Iglesia católica, al mundo entero, que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, afirmó Sánchez.
Llamado de la Defensoría del Pueblo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró que la libertad de todos los secuestrados debería ser inmediata y sin condiciones, y subrayó que en este caso no aplica el Derecho Internacional Humanitario. “El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, porque hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias y fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas. Las familias se han sentido solas; han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del Gobierno nacional”, aseguró Marín.
