Documentos atribuidos a interceptaciones de comunicaciones internas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), conocidos antes del primer bombardeo militar contra ese grupo en la región del Catatumbo el pasado 4 de febrero, revelan un detallado esquema de reclutamiento de menores de edad, así como la clasificación y distribución de adolescentes según sus capacidades, conocimientos y perfiles personales.
Listados de menores y su distribución
El material, al que tuvo acceso EL TIEMPO, contiene listados con nombres, edades y observaciones individuales de al menos 19 menores, varios de ellos entre los 14 y 17 años. En una de las comunicaciones se lee que “los escuelantes en total son 19”, seguido de un inventario de nombres. Luego se agrega que “la propuesta de distribución del personal”.
Según los documentos, los menores eran ubicados en distintos frentes operativos, grupos de apoyo, tareas logísticas e incluso entrenamientos especializados. En uno de los apartes se indica que algunos jóvenes serían destinados al “comando operativo”, mientras otros serían enviados al “Nordeste” o quedarían bajo supervisión temporal de determinados mandos.
Evaluaciones individuales de los reclutados
Las anotaciones también evidencian una evaluación individualizada. Sobre algunos adolescentes se resaltan supuestas habilidades de lectura y escritura, comportamiento, inteligencia o disposición. En uno de los casos se describe a un menor de 15 años así: “es travieso acorde con la edad, es inteligente”, mientras que sobre otro se señala que “manifiesta buen comportamiento y disponibilidad”.
En otros registros se consignan referencias a condiciones médicas, estado emocional o relaciones familiares. Incluso se menciona a una menor “es de 15 años, está embarazada de un miliciano, tiene casi los 5 meses”. Sobre otra adolescente se anota que “tiene bastantes problemas de autoestima, pero es inteligente, debe tenérsele en cuenta en comisiones y no en la fuerza militar”.
Perfiles para labores específicas
También aparecen perfiles orientados a labores específicas. De una menor de 14 años se dice que “cursó hasta 9 grado, buena lectura buena escritura, puede ser canalizada para comunicaciones-emisora”. En otro caso se consigna que un joven “tiene dotes excelentes para lo cultural, debe estimulársele”.
Uno de los fragmentos hace referencia a la preparación de dos jóvenes para entrenamiento en manejo de drones. “Tengo listo a dos adolescentes que van para el entrenamiento de dron”, señala el documento, lo que sugeriría la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas dentro de la estructura armada mediante personal reclutado.
Redistribución en grupos bajo diferentes mandos
Además de la asignación funcional, los documentos describen una redistribución en tres grupos bajo diferentes mandos. Allí se relaciona a los menores por nombre y se determina en qué célula quedarían integrados.
El contenido vuelve a encender las alertas sobre el reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en varias regiones del país. Organismos de derechos humanos y entidades estatales han advertido de manera reiterada que menores siguen siendo usados como combatientes, informantes, mensajeros o apoyo logístico en zonas rurales con débil presencia institucional.
Grave violación al Derecho Internacional Humanitario
El reclutamiento de menores constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación colombiana. También ha sido considerado una de las prácticas más lesivas del conflicto armado por su impacto físico, psicológico y social sobre las víctimas.
Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el contenido puntual de estos documentos, pero la información reabre el debate sobre la capacidad de los grupos armados para captar menores en territorios vulnerables y sobre la necesidad de fortalecer la protección estatal en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y sur del país.
Deterioro de la situación en 2026
En medio de la expansión territorial de actores armados y del fortalecimiento de mecanismos de control social, se consolidan entornos de violencia sostenida que incrementan la vulnerabilidad estructural de niñas, niños y adolescentes. En ese contexto persiste un flagelo que no cede, las graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellas el reclutamiento forzado.
“Lejos de mostrar una mejora, la situación se deteriora en 2026”, se lee en el más reciente informe del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. En el primer trimestre, esa coalición registró 46 eventos que afectaron al menos a 6.451 menores de edad. La vinculación, que incluye reclutamiento, uso y utilización, continúa siendo la categoría con mayor número de casos, con 12 eventos y 30 víctimas.
“Estos hechos confirman que la crisis de protección no es coyuntural, sino estructural, sostenida y en proceso de agravamiento. Lo que está en juego no es solo la protección de la niñez y la adolescencia, sino la normalización de su exposición al conflicto, la violencia armada y el crimen organizado en la vida cotidiana”, aseguraron desde la alianza de organizaciones.
A su vez, la Defensoría del Pueblo reportó que durante 2025 se documentaron 361 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a casi un caso diario en promedio. En el primer trimestre de 2026 ya se habían registrado 19 casos adicionales.
Responsabilidad de los grupos armados
En cuanto a la responsabilidad de los grupos armados, la entidad documentó que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes concentra el 42,1 % de los casos, seguido por el ELN con el 31,4 %. Otros actores como Comandos de Frontera, disidencias sin identificar, grupos sin identificar, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central registran, cada uno, el 5,3 %.
Por departamentos, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, Norte de Santander encabeza la lista con seis casos, seguido de Antioquia con cuatro y Caquetá con tres. Boyacá, Cauca, Guainía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca reportan un caso cada uno.
Este panorama se conecta con el reconocimiento de responsabilidad y la solicitud de perdón realizada por el antiguo secretariado de las Farc ante la JEP, en el marco del Caso 07, por el reclutamiento de 18.677 niñas y niños. “Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, señalaron en un comunicado.
Estrategias detrás del reclutamiento
En cuanto a las tácticas utilizadas por los grupos armados, Indepaz, a través de un informe publicado a inicios de 2026, indica que en la mayoría de los casos no se trata de un hecho súbito, sino de un proceso progresivo de acercamiento a los menores. “El reclutamiento no responde a una única modalidad, sino a un conjunto de estrategias combinadas. Si bien las redes sociales siguen siendo una vía activa de contacto, hoy se comprenden más como una extensión de dinámicas presenciales preexistentes y no como el único mecanismo de captación”.
Según el documento, entre las estrategias principales se encuentra la “coacción emocional”, que instrumentaliza relaciones afectivas para captar especialmente a niñas, y el ofrecimiento de “beneficios estéticos y de cuidado personal”, que incluyen desde sumas de dinero y bienes de lujo hasta tratamientos de ortodoncia.
Además, se destacan ofertas económicas y materiales. “Los grupos armados identifican con rapidez las carencias económicas de las familias y aprovechan estos vacíos para formular ofertas de dinero y bienes materiales como parte de las estrategias de captación”, advierte el informe. Entre los factores de riesgo aparecen la pobreza multidimensional, la ausencia de oportunidades educativas y laborales, y la limitada presencia estatal en los territorios.
Otro fenómeno cada vez más frecuente es la utilización de redes sociales como TikTok para acercarse a los menores. “A través de estas plataformas se difunden narrativas de poder, control y éxito rápido, que resultan altamente atractivas para niños, niñas y adolescentes”.
Desde Coalico advierten que los grupos no sustituyeron sus métodos tradicionales por las redes sociales, sino que combinaron ambos mecanismos, lo que dificulta la detección y prevención. “A veces el contacto inicia en Facebook o en TikTok, pero la cita para la entrega o el traslado ocurre en el parque, la esquina del barrio o el terminal de transportes”.
Mientras los grupos encuentran nuevas formas de violencia para nutrir sus filas, el Estado no ha logrado responder de manera contundente frente a este fenómeno. “De no adoptarse medidas urgentes y sostenidas, el país enfrenta el riesgo de normalizar la presencia de actores armados en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”, expresaron desde Coalico.
