La operación de las cámaras de fotodetección electrónica en Colombia ha entrado en una fase de revisión luego de los anuncios del Gobierno Nacional. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte informaron el inicio de una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en el país, entre ellos el de Cali, por presuntas irregularidades en estos sistemas.
Detalles de la investigación nacional
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, detalló que un análisis de la entidad identificó cerca de 7,5 millones de fotomultas impuestas con supuestos incumplimientos de ley. La revisión abarcó los comparendos aplicados entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, período en el cual los dispositivos habrían operado sin los permisos requeridos. Según la funcionaria, las fallas se concentran en la ausencia de los requisitos exigidos para instalar y poner en marcha los equipos.
Posición de EnRuta en Cali
Ante esta situación, las entidades locales comenzaron a fijar sus posiciones oficiales frente a los señalamientos de las autoridades de control. En Cali, la empresa pública enRuta, encargada del soporte operativo y tecnológico de la Secretaría de Movilidad, se pronunció sobre el alcance de las indagaciones. La gerente de la entidad, Diana Carolina Reina Cardona, enfatizó que, hasta la fecha, no han recibido una notificación formal sobre la apertura de procesos en su contra.
“Cali aún no ha sido notificada de ninguna resolución, ningún acto administrativo, estamos a la espera porque escuchamos el día de ayer el pronunciamiento de la señora ministra, del señor superintendente. Somos completamente respetuosos de los entes de control, de las autoridades, pero necesitamos que nos notifiquen para poder conocer el contenido del acto administrativo”, le dijo Diana Carolina a El País.
Asimismo, Reina Cardona precisó que no se conoce el acto administrativo de la SuperTransporte que sustente una investigación en la capital del Valle. La directiva defendió la gestión de la actual administración del alcalde Alejandro Eder, asegurando que los dispositivos vigentes cuentan con el aval correspondiente. Según Reina, los equipos tecnológicos han sido tramitados bajo la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
“Las cámaras siguen funcionando con completa normalidad, esto es importante aclararle a la ciudadanía porque el día de hoy las cámaras están operando completamente normal, no hemos recibido ninguna notificación de suspensión, ninguna orden de frenar la operación”, precisó la funcionaria.
Compromiso con el debido proceso
La empresa, que cuenta con una composición 100 por ciento estatal, ratificó que cumple rigurosamente con los requisitos normativos exigidos por la legislación colombiana. La gerencia manifestó que la tecnología de fotodetección implementada en la ciudad busca apoyar la seguridad vial y la movilidad sostenible. Asimismo, indicaron que se acogerán al debido proceso una vez las autoridades nacionales procedan con las notificaciones legales del caso.
La entidad técnica del tránsito caleño señaló que esperará la documentación oficial para iniciar los descargos en los tiempos determinados por el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo. El objetivo de la corporación local es demostrar la legalidad de sus procedimientos en el marco constitucional actual. La discusión nacional no cuestiona la utilidad de los sistemas de detección para salvar vidas, sino el cumplimiento estricto de los requisitos de instalación.
