El predio rural ‘La Mandinga’, ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia, ha sido noticia en Colombia debido a un hallazgo periodístico que revela una situación indignante: en este lugar, decenas de mineros sin licencia extraen oro de manera ilegal, un negocio controlado por el Clan del Golfo, todo ello a pesar de que el terreno colinda con el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional. Una revisión profunda de la historia judicial de ‘La Mandinga’ sugiere que la permisividad institucional podría ser aún mayor de lo que se pensaba.
El contexto histórico del Batallón Rifles 31
Para empezar, es importante señalar que EL TIEMPO consultó a la oficina de comunicaciones del Ejército, la cual informó que el Batallón Rifles 31 cumplió 208 años de historia el pasado 13 de agosto. Es decir, es casi tan antiguo como la República de Colombia y, por lo tanto, todo lo que ha ocurrido a su alrededor durante los últimos dos siglos, especialmente en épocas de conflicto armado, debería estar plenamente documentado y atendido por esta unidad de la Fuerza Pública.
Este dato no es menor, considerando que ‘La Mandinga’ es un predio que legalmente debería estar en manos del Estado después de haber pasado por el proceso de Justicia y Paz, en el marco de la desmovilización paramilitar. Es decir, en algún momento de la historia, específicamente a principios de la década de 2000, este terreno colindante con el Batallón Militar, uno de los más antiguos de Colombia, estuvo en poder de grupos paramilitares, que paradójicamente eran objeto de persecución por parte de la Fuerza Pública.
El proceso judicial de ‘La Mandinga’
EL TIEMPO tuvo acceso al proceso de Justicia y Paz y de extinción de dominio por el que pasó ‘La Mandinga’. El predio, desde el punto de vista jurídico, fue saneado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y por el Juzgado Penal de Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para la capital. En el marco de ese proceso, este diario conoció la declaración de José Germán Sena Pico, alias ‘Nico’, quien fue la mano derecha del reconocido exlíder paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
El testimonio de alias ‘Nico’ está registrado en la sentencia AP5462 de 2014, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso de extinción de dominio contra las sociedades Builes y Cia. Ltda. y Maya Jaramillo y Cia. S. en C., propietarias en los documentos de ‘La Mandinga’. Alias ‘Nico’ relató que, en 2005, alias ‘Macaco’ compró la hacienda a una familia de apellido Builes, una operación que, según dijo, se habría pagado en efectivo y sin formalizar los documentos correspondientes.
De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, el objetivo de ‘Macaco’ era impedir investigaciones patrimoniales y continuar ejerciendo control, administración y disfrute de la propiedad. Según la declaración de alias ‘Nico’, familiares cercanos a ‘Macaco’ y hombres de confianza de la organización se encargaban de supervisar el predio, mientras que otros integrantes proporcionaban seguridad, como ocurría con varias fincas atribuidas a la estructura armada.
El supuesto vínculo con Pablo Escobar
En el expediente se describe que alias ‘Nico’, para ser procesado en Justicia y Paz, ofreció como prenda de garantía las tierras de ‘La Mandinga’ para reparar a las víctimas del paramilitarismo. Según se lee en el expediente, este terreno habría tenido un pasado criminal de alto calibre, pues, según sus dichos, habría pertenecido a Pablo Escobar. “Le atribuyó su propiedad en los años 80 a Pablo Escobar, pero la tenía a nombre de testaferros”, se lee en el documento.
Centro de operaciones de alias ‘Macaco’
La Corte Suprema otorgó credibilidad al testimonio de alias ‘Nico’ respecto al pasado criminal de ‘La Mandinga’. Así lo expresó en otro de los párrafos de su sentencia: “el desmovilizado relató que durante varios años estuvo yendo a esa finca, la cual, además, la usaban como escondite de armas y vehículos y añadió que allí llevaba junto con otros hombres, insumos agrícolas y de ganadería, precisamente del almacén El Ganadero, perteneciente también a Macaco”.
De hecho, la Corte Suprema le otorgó tal credibilidad a la versión de alias ‘Nico’ que reprochó el intento de los particulares por recuperar el bien. “Surge la pregunta: ¿si por varios años, a partir de 2005 y hasta 2008, esa fue la destinación, a todas luces ilícita, que se le dio a la hacienda Mandinga, por qué quienes ahora se reputan propietarios, nada más porque figuran en los respectivos documentos, nunca hicieron nada en contra de ello?”, se preguntó la alta corte.
Otro de los aportantes de información, Francisco Salazar, dio luces sobre la posibilidad de que, incluso después de la desmovilización de ‘Macaco’ en 2006, el predio haya sido utilizado para cometer otras actividades ilícitas. “Varios grupos o varias personas se han disputado ese territorio para ejercer su control con el fin de producir cocaína y extraer ilegalmente oro”, se señala en el expediente. Cabe recordar que el Batallón Rifles 31 opera contiguamente a ese terreno.
La respuesta del Ejército
Según confirmó el Ejército en un comunicado, el área afectada por la minería ilegal corresponde a la finca ‘La Mandinga’, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas que colinda con el batallón en mención. La entidad de la Fuerza Pública se excusó asegurando que se supone que ese predio está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De acuerdo con lo expresado por el Ejército, la ocupación del terreno donde centenares de mineros están extrayendo oro se ha realizado sin ningún tipo de título minero ni respaldo legal, lo que ha terminado en un “deterioro ambiental severo e irreversible”. No obstante, nada dijo sobre las actividades ilegales que, a lo largo de los años, al parecer, han sucedido a plena luz del día a escasos metros de su dominio.
