La Fiscalía General de la Nación descartó aplicar medidas automáticas e inmediatas para beneficiar a integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo. La solicitud presentada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) buscaba suspender temporalmente las órdenes de captura para 29 miembros de esa estructura armada, en el marco del proceso de negociación.
Fiscalía condiciona beneficios jurídicos
El ente acusador precisó que la inmunidad de tránsito y la suspensión de las órdenes de captura solo comenzarían a regir a partir del 25 de junio de 2026, fecha definida para el inicio de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La Fiscalía explicó que no adoptará medidas automáticas hasta tener información suficiente y verificable sobre el avance real del proceso de paz y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
En un comunicado oficial, la Fiscalía señaló: “La Fiscalía resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata, órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026”.
Revisión detallada del listado
La entidad también anunció una revisión detallada del listado de las 29 personas incluidas en la solicitud presentada por el Gobierno nacional. El objetivo es establecer su situación jurídica actual y verificar si tienen órdenes de captura vigentes o procesos de extradición en curso. La Fiscalía insistió en que solo tomará decisiones cuando cuente con información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de las condiciones legales relacionadas con el estado avanzado del proceso de paz.
Caso de alias “Chiquito Malo”
Uno de los casos que más llama la atención es el de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quien cuenta con concepto favorable de extradición hacia Estados Unidos emitido por la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025. Frente a este caso, la Fiscalía instó a “honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de persecución de delitos transnacionales”.
Sobre los documentos remitidos por el Gobierno nacional, la Fiscalía aseguró que la información entregada hasta ahora resulta insuficiente para verificar el cumplimiento efectivo de los acuerdos. Por esa razón, el ente acusador insistió en que el control de movilidad y permanencia de los integrantes del EGC en las Zonas de Ubicación Temporal debe quedar en manos de autoridades estatales y contar con mecanismos de seguimiento trazables.
