Extorsión y control ilegal amenazan el turismo en Santa Marta: denuncian 'impuestos' de grupos armados
Lo que comenzó como un aparente accidente de tránsito en El Rodadero terminó destapando un fenómeno preocupante: denuncias sobre extorsiones sistemáticas, justicia ilegal y control territorial ejercido por grupos armados en las principales zonas turísticas de Santa Marta. Comerciantes y prestadores de servicios aseguran que pagar se ha convertido en una condición indispensable para poder trabajar en la ciudad.
Un caso que rompió el silencio
La situación salió a la luz pública tras la denuncia del líder ambiental Luis Miguel Moisés, quien afirmó que su hijo fue obligado a pagar 1,5 millones de pesos luego de chocar un vehículo eléctrico alquilado en el sector turístico de El Rodadero. Según su relato, hombres en motocicleta llegaron al lugar, intimidaron al joven y exigieron el pago inmediato como compensación por los daños.
"Si mi hijo no hubiese tenido para pagar ese dinero, otra sería la historia", declaró Moisés, quien días después de hacer pública la denuncia decidió sacar a su familia de la ciudad en avión por temor a represalias. El ambientalista asegura que su nombre y fotografía circularían en una lista atribuida a un grupo armado que ejerce autoridad ilegal en la zona.
Una autoridad paralela que se normaliza
Aunque la Alcaldía de Santa Marta y la Fuerza Pública no han confirmado la participación directa de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) en este caso específico, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos sostienen que en varios sectores turísticos existe un sistema informal de control impuesto por estructuras armadas.
El defensor de derechos humanos Lerber Dimas afirma que la extorsión se ha normalizado hasta convertirse en parte del funcionamiento económico cotidiano. "En Santa Marta pagar extorsión se volvió un servicio público más", señaló categóricamente.
Según explica Dimas, los llamados "urbanos", jóvenes reclutados por organizaciones ilegales, realizan cobros periódicos a comerciantes y prestadores turísticos a cambio de vigilancia y resolución de conflictos. El modelo opera con logística definida:
- Motocicletas para desplazamiento rápido
- Teléfonos celulares para coordinación
- Listados actualizados con negocios y números de contacto
"El mensaje es claro: si pagan tienen vigilancia permanente y les responden por todo; si no colaboran, no pueden abrir", afirmó el defensor de derechos humanos.
La economía turística bajo presión
El impacto económico se extiende a múltiples actividades del sector turístico. Un comerciante de Taganga, que pidió reserva de su identidad por seguridad, afirmó que prácticamente todas las actividades tienen cobros informales.
"Cobran por cada silla que se alquila, por cada pescado que se vende y por cada pasaje en lancha. Todo tiene impuesto", aseguró el empresario anónimo.
Según organizaciones sociales, muchos empresarios aceptan pagar convencidos de que es la única forma de trabajar sin problemas. Otros han optado por cerrar sus negocios ante la imposibilidad de asumir las cuotas mensuales que exigen los grupos ilegales.
Justicia paralela que genera apoyo popular
El fenómeno tomó notoriedad pública en septiembre de 2025, cuando se viralizaron videos de personas con el cabello rapado y sin cejas que confesaban robos o riñas mientras agradecían a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por darles una "segunda oportunidad".
Las imágenes generaron miles de reacciones en redes sociales, con gran parte de los comentarios respaldando las acciones del grupo armado y argumentando que los hurtos habían disminuido significativamente en sectores como El Rodadero y Taganga.
Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que esa aparente reducción de la delincuencia responde a amenazas violentas contra delincuentes y a la imposición de justicia ilegal, creando un clima de temor generalizado.
Negaciones que confirman el control histórico
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra negaron responsabilidad en el caso denunciado por el líder ambiental Luis Miguel Moisés. No obstante, en el mismo comunicado reconocieron que su organización ha ejercido control territorial durante décadas debido —según señalaron— a la ausencia histórica del Estado en estas zonas.
Para analistas locales, esta afirmación confirma la existencia de una presencia estructural en determinadas zonas urbanas y rurales de Santa Marta. Fuentes de seguridad indican que las disputas entre estructuras ilegales ya no se limitan al narcotráfico y ahora incluyen el control de las extorsiones urbanas como fuente principal de financiación.
Consecuencias violentas y amenazas institucionales
En los últimos seis meses, al menos cinco personas vinculadas al sector turístico han sido asesinadas en El Rodadero y zonas aledañas. Aunque las autoridades no han establecido móviles oficiales, algunas hipótesis apuntan a conflictos relacionados con cobros ilegales y disputas territoriales entre grupos armados.
La tensión aumentó recientemente tras la circulación de un video en el que hombres armados y encapuchados amenazaban directamente a agentes de movilidad, acusándolos de abusos contra motociclistas. Al día siguiente, disminuyó notablemente la presencia de funcionarios en algunas zonas y se suspendieron operativos de tránsito por precaución, evidenciando el impacto de las intimidaciones incluso sobre las instituciones estatales.
Respuesta gubernamental y medidas de seguridad
Ante este panorama preocupante, el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció un consejo extraordinario de seguridad para revisar los casos denunciados y acelerar las investigaciones correspondientes.
"Desde el primer momento en que conocimos las denuncias activamos todos nuestros protocolos y coordinamos con las autoridades", afirmó el mandatario local.
El alcalde destacó además la creación del Gaula de la Policía exclusivo para Santa Marta, que adelanta investigaciones especializadas contra redes de extorsión. Mientras tanto, unidades del Gaula han intensificado campañas en El Rodadero y otros balnearios, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar y evitar el pago de extorsiones.
Santa Marta atraviesa actualmente una paradoja compleja: mientras se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano, crecen las denuncias sobre la presencia de actores ilegales que regulan conflictos, cobran sanciones económicas y ejercen control social en sectores estratégicos para la economía local.
El caso de Luis Miguel Moisés rompió el silencio que muchos comerciantes prefieren mantener por temor, exponiendo una realidad que amenaza no solo la seguridad ciudadana sino también la viabilidad económica del principal motor de desarrollo de la región.
