Una práctica corrupta viene tomando fuerza con un efecto corrosivo sobre uno de los fundamentos de la protección legal de la actividad económica: los procedimientos de insolvencia. El problema ha suscitado pronunciamientos del presidente de la Asociación Bancaria y Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, y del superintendente de Sociedades, Billy Escobar, debido al incremento de solicitudes de insolvencia de personas naturales que involucran a oficinas de abogados, centros de conciliación, notarías y particulares para simular deudas y defraudar a acreedores reales.
El diagnóstico de las autoridades
Para el superintendente, “el problema gira alrededor de la insolvencia de personas naturales, no a la insolvencia empresarial”. En tanto, Malagón señaló que “cuando la persona atraviesa una crisis real, la ley puede darle una segunda oportunidad para reorganizar sus deudas y volver a empezar”, manteniendo su condición de agente económico sujeto de crédito.
El fenómeno se habría extendido en los últimos dos años al ‘popularizarse’ entre personas de ingresos medios ahogadas en deudas por patrones insostenibles de consumo a crédito. Sin embargo, la historia es más antigua y compromete a individuos de alto perfil social y empresas, con montos que no eran de decenas sino de centenares o miles de millones de pesos.
Mecanismos comunes y diferencias
Los elementos comunes son la simulación de deudas, la creación de títulos y las conciliaciones. La diferencia radica en el grado de sofisticación, que depende de la capacidad de pagar asesorías especializadas, diseñar esquemas complejos y alcanzar objetivos más altos.
Un empleado de ingresos medios busca con la insolvencia fraudulenta eludir a unos acreedores por unos pocos millones, neutralizar procesos de cobro y proteger un patrimonio básico, para luego recuperar algo de vida crediticia. En cambio, las personas de ingresos altos o empresas buscan continuar su actividad económica en cuerpo ajeno, radicar su patrimonio en el exterior y establecerse en otro país, mientras mantienen su vida económica en Colombia a través de otras empresas o personas.
Indicadores de fraude
Los ‘quiroamigos’ —individuos que venden documentos de deudas falsas— son solo una herramienta secundaria. Son más importantes las deudas laborales o comerciales con relacionados, como familiares o empresas proveedoras de servicios ficticios. Durante el periodo de salvamento, estos reciben amortización de deudas falsas y nuevos contratos, pues la premisa de la insolvencia es la recuperación económica.
Los hechos que indican el fraude suelen ser similares: las deudas con el sector financiero y proveedores reales aumentan poco antes de presentar la solicitud; los estados financieros no reflejan la crisis al momento de pedir créditos; aparecen deudas no garantizadas ni documentadas con familiares; y suben los montos de créditos a socios o contratos de servicios mal documentados.
Propuestas de solución
El presidente de Asobancaria invita a identificar mecanismos de lucha contra el fraude, pero advierte que convertir la conducta en crimen puede ser equivocado en un sistema penal que debería tender a la síntesis y reducción de conductas penales económicas. Ya son delito el fraude procesal, la falsedad documental, el alzamiento de bienes o la estafa.
El Superintendente de Sociedades señala mecanismos como la exclusión del sistema crediticio, pero sugiere sumar efectos de anulación de las decisiones que legalizaron las insolvencias y conciliaciones, de las asambleas donde se aprobaron estados financieros fraudulentos, y revisiones de declaraciones tributarias, entre otras acciones viables con normas vigentes.
También podrían considerarse acciones de extinción de dominio basadas en fuente ilícita, incremento patrimonial no justificado o uso de activos corporativos para actividades ilícitas. Si las acciones fraudulentas traspasaron fronteras a través del sistema financiero, se deben activar mecanismos de cooperación judicial para incautar y extinguir esa propiedad, o abrir procesos en el exterior.
Urgencia de actuar
Es urgente actuar, no porque el fenómeno ahora sea usado por profesionales y empleados de ingresos medios, sino porque es una extensión de una práctica nacida y alimentada en la élite social y corporativa de Colombia. “Los primeros son unos pelafustanes menesterosos; los otros, unos hampones a carta cabal”, concluye el autor.
