La ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que busca crear jueces especializados en conflictos de tierras, enfrenta un momento crítico en el Congreso a menos de un mes de que finalice la legislatura. El proyecto, que requiere dos debates en las plenarias de Cámara y Senado, se encuentra estancado principalmente por la discusión en torno al artículo noveno. Este artículo define qué procesos agrarios, como clarificación de baldíos, recuperación de tierras o extinción de dominio, podrán seguir siendo resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y cuáles requerirán control judicial obligatorio.
La controversia del artículo noveno
El debate se intensificó luego de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre el artículo noveno, sugiriendo que los jueces civiles deben tener el control sobre los conflictos de tierras mientras la Jurisdicción Agraria entra en funcionamiento. Aunque la Corte aclaró posteriormente que no busca frenar la reforma agraria ni eliminar las facultades de la ANT, el documento inicial generó un fuerte debate en el Congreso y fortaleció las críticas de la oposición, que exige modificaciones de fondo al artículo.
El representante Gabriel Becerra, coordinador ponente de la iniciativa, advierte que el pronunciamiento de la Corte puso en riesgo la aprobación de la ley. En entrevista, Becerra explicó que se había alcanzado un acuerdo político en la plenaria de la Cámara para avanzar en la discusión, pero la oposición busca extender el debate a otros temas no acordados.
Acuerdo político en riesgo
Becerra detalló que el acuerdo inicial incluía la conformación de una comisión técnica para tratar el artículo noveno, pero la oposición pretende discutir otros puntos como los principios y enfoques de la ley, así como las competencias del Consejo de Estado. "La Corte Suprema cometió un error grave al decir que, por ser una ley procesal, no debería tener principios ni enfoques de género y étnicos", señaló Becerra, quien considera que esto afecta a comunidades vulnerables.
El representante indicó que el proyecto está cerca de aprobarse: si la Cámara lo aprueba la próxima semana, el Senado podría hacerlo en julio, dejando tiempo para la conciliación. Sin embargo, la movilización campesina que apoya la ANT y las discrepancias políticas podrían retrasar el proceso.
Impacto de la movilización campesina
Esta semana se inició una movilización campesina para exigir la aprobación de la Jurisdicción Agraria. Becerra afirmó que la movilización es respaldada por la ANT y busca presionar al Congreso. "Se están movilizando para decirle al Congreso que la jurisdicción es ya", comentó.
El representante también criticó la postura de la Corte Suprema, señalando que su documento inicial puso en riesgo el proyecto. "La Corte se le fue la mano, porque llevamos tres años discutiendo y nunca habían dicho lo que apareció en ese documento", afirmó. Aunque la Corte emitió un comunicado aclaratorio, Becerra considera que el daño político ya está hecho, al dar argumentos a la oposición para frenar la ley.
¿Por qué la reticencia?
Becerra atribuyó la demora a sectores económicos con poder político que se oponen a la reforma agraria. "Hay sectores que no les parece correcto avanzar en medidas para garantizar una justicia especializada, porque atenta contra sus intereses", señaló. Recordó que la facultad de la ANT ha permitido recuperar tierras baldías y entregarlas al campesinado, pero algunos sectores se oponen a esta labor.
Si la ley no se aprueba, el Congreso desaprovecharía la oportunidad de cerrar el ciclo de la Jurisdicción Agraria, que ya cuenta con un acto legislativo y una ley estatutaria sancionada. Becerra advirtió que, de hundirse, habría que presentarla de nuevo desde cero, lo que sería un retroceso.
El factor electoral
El representante reconoció que la jurisdicción quedó en medio de la disputa política electoral. "Lamentablemente, la jurisdicción quedó en medio de la disputa política electoral", dijo, aunque destacó que la ley es producto de un esfuerzo colectivo que incluyó aportes de la oposición. Sin embargo, algunos ven su aprobación como un triunfo para el Gobierno, lo que genera resistencia.
Becerra también se refirió a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro insista en una asamblea constituyente si el Congreso bloquea las reformas. "Objetivamente, le da argumentos", afirmó, aunque aclaró que aún no hay condiciones para ello. "En la medida en que las clases políticas bloqueen, están cometiendo un error político", concluyó.
La fecha límite para aprobar la ley es el 17 de junio, aunque el Gobierno podría convocar a sesiones extraordinarias. Becerra confía en que la ley se apruebe, pero advierte que, de no ser así, el nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio podría retomar el proyecto, dependiendo de los resultados electorales.
