Masacre en Ponedera, Atlántico: Indepaz eleva a 19 las masacres en Colombia en 2026
Masacre en Ponedera: 19 casos en Colombia en 2026 según Indepaz

Masacre en Ponedera: 19 casos de violencia múltiple en Colombia durante 2026

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha confirmado oficialmente que el ataque armado ocurrido en el municipio de Ponedera, departamento del Atlántico, constituye la masacre número 19 registrada en Colombia durante el año 2026. Esta clasificación se produjo tras el fallecimiento de la tercera víctima que permanecía hospitalizada, elevando el trágico saldo a tres personas asesinadas.

Detalles del ataque en el barrio San Francisco

El violento episodio se registró el 18 de febrero de 2026 en el barrio San Francisco de Ponedera. Según las investigaciones preliminares, tres hombres armados que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra dos mujeres y un niño de apenas dos años que se encontraban en la terraza de una vivienda. En el lugar falleció Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, mientras que el menor, identificado como Jordán Cervantes López, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

La tercera víctima, Leisis María Silvera Manotas, había sido remitida a un hospital tras resultar gravemente herida durante el atentado. Sin embargo, su fallecimiento se confirmó el 20 de febrero, cumpliéndose así los criterios establecidos para clasificar el hecho como masacre, definida como el homicidio de tres o más personas en un mismo evento.

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Alerta temprana desatendida y presencia criminal

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013/25, documento que incluye a Ponedera dentro de los municipios con llamado de acción prioritaria por riesgo de violencia. En dicha advertencia, el organismo señaló la imposición de normas y formas de control social por parte de grupos armados ilegales, representando un riesgo constante de vulneración de derechos humanos para comunidades atrapadas en disputas territoriales y economías ilícitas.

Indepaz indicó en su reporte que en el territorio donde se registró el ataque tienen injerencia estructuras criminales como el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de bandas delincuenciales de alcance local. La presencia de estos grupos en la región Caribe ha estado asociada a disputas por el control de rentas ilegales, incluyendo microtráfico, extorsión y otras economías ilícitas que impactan directamente a la población civil.

Contexto nacional y exigencias de justicia

Con este caso, Colombia alcanza las 19 masacres registradas en lo corrido de 2026, según el conteo de Indepaz. Esta cifra refleja la persistencia de hechos de violencia múltiple en distintas regiones del país, pese a los esfuerzos institucionales por contener la expansión de estructuras armadas. La muerte de un menor de dos años en Ponedera ha intensificado el rechazo ciudadano y el llamado urgente a garantizar la protección de la niñez frente a contextos de violencia armada.

Tras la confirmación de la masacre, autoridades locales y organizaciones de derechos humanos han exigido avances rápidos en la investigación para identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía y la Policía han iniciado labores de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad en el sector, mientras la comunidad de Ponedera realiza actos simbólicos de rechazo y pide mayor presencia institucional.

Líderes sociales insisten en que no basta con operativos posteriores al crimen, sino que se requieren estrategias estructurales que desarticulen las redes criminales que operan en la región. El caso vuelve a poner sobre la mesa el desafío de garantizar seguridad y protección efectiva en municipios con alertas tempranas vigentes, así como la necesidad de una respuesta integral que combine acción judicial, presencia estatal y programas de prevención social.

La masacre en Ponedera no solo incrementa las estadísticas nacionales de violencia en 2026, sino que deja en evidencia la urgencia de fortalecer las políticas públicas para proteger a la población civil frente a la amenaza persistente de grupos armados ilegales en Colombia.

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