La muerte de Yulixa Toloza tras someterse a una supuesta lipólisis láser en un establecimiento clandestino del sur de Bogotá ha reavivado las alarmas sobre los peligros de los procedimientos estéticos realizados fuera de clínicas habilitadas y por personas sin la formación médica adecuada. Frente a este trágico suceso, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), la cirujana plástica Damaris Romero, aseguró que en este procedimiento “falló todo” y solicitó a las autoridades sanitarias intensificar la vigilancia sobre los denominados centros estéticos ilegales.
Fallas en todos los aspectos
La especialista señaló que el procedimiento al que se sometió Toloza no puede considerarse menor ni realizarse en lugares improvisados. Según explicó, una lipólisis láser es una técnica invasiva que requiere infraestructura clínica, personal especializado y estrictos protocolos de seguridad. “Ahí falló todo, porque no era una clínica, era un garaje. No había formación, no había nada”, afirmó Romero en entrevista con EL TIEMPO, refiriéndose al establecimiento que operaba bajo el nombre Beauty Láser y que, según se conoció, no contaba con autorización sanitaria.
Riesgos de la lipólisis láser
La médica explicó que la lipólisis láser consiste en utilizar tecnología láser para tratar la grasa antes de extraerla mediante liposucción. Aunque suele promocionarse como un procedimiento sencillo o de rápida recuperación, insistió en que implica riesgos reales y debe practicarse únicamente en instituciones habilitadas. “Todo esto son tecnologías invasivas que deben realizarse en un lugar adecuado, con medidas de asepsia y antisepsia. Se necesita un anestesiólogo, una enfermera, una instrumentadora y toda una infraestructura clínica”, explicó.
Publicidad engañosa y señales de alerta
Romero advirtió que uno de los principales problemas es la publicidad engañosa con la que muchos centros clandestinos atraen pacientes, ofreciendo procedimientos “sin dolor” y con “resultados inmediatos”. Según dijo, esas promesas deberían ser una señal de alerta para cualquier persona interesada en una cirugía o intervención estética. “Los resultados instantáneos no existen. Todo procedimiento invasivo genera una respuesta inflamatoria y requiere tiempos de recuperación. Incluso una cicatriz tarda hasta un año en remodelarse completamente”, indicó.
Llamado a las autoridades
La presidenta del gremio insistió en que ningún procedimiento quirúrgico está exento de complicaciones, incluso cuando es realizado por profesionales competentes y en clínicas habilitadas. Por eso, sostuvo, es clave desconfiar de ofertas que prometan ausencia total de dolor o resultados garantizados. Además de cuestionar las condiciones en las que operaba el lugar donde fue atendida Toloza, Romero pidió una mayor participación de las autoridades territoriales para detectar y clausurar establecimientos ilegales.
“Quiero hacer un llamado a los entes territoriales y al Gobierno para que trabajemos juntos en la seguridad de los pacientes y en la reglamentación de estos procedimientos para que no se sigan cobrando vidas”, señaló. La especialista también pidió fortalecer las labores de inspección y vigilancia por parte de las secretarías de Salud, especialmente frente a sitios clandestinos que operan fuera de los registros oficiales.
Denuncia ciudadana y verificación de profesionales
En ese sentido, invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima los establecimientos sospechosos que ofrezcan procedimientos médicos en casas, apartamentos, garajes o consultorios no habilitados. “La gente también debe comprometerse y denunciarlos ante las secretarías de Salud, que son las encargadas de ejercer vigilancia y control”, dijo.
Romero explicó que existen varias formas de verificar si un cirujano plástico y una institución cumplen con las condiciones legales para operar. La primera, señaló, es revisar que el profesional esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS). Además, recomendó consultar el directorio de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que reúne a más de 900 especialistas en el país. También insistió en revisar que tanto el consultorio como la clínica tengan habilitación otorgada por las secretarías de Salud. Según explicó, estos permisos suelen estar visibles en los establecimientos mediante certificados oficiales.
“Una clínica tiene unas condiciones de habilitación muy claras. No puede ser una casa, no puede ser un apartamento, no puede ser un garaje”, enfatizó. La médica sostuvo además que los pacientes tienen una responsabilidad importante en el proceso, pues deben entregar información completa sobre sus antecedentes médicos y someterse a los exámenes preoperatorios necesarios antes de cualquier intervención.
Un problema que requiere acción regulatoria
El caso de Toloza volvió a poner bajo la lupa el crecimiento de establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos a bajo costo y sin controles médicos adecuados en Colombia, uno de los países con mayor demanda de cirugías plásticas en América Latina. Para Romero, el problema ya no puede verse como hechos aislados, sino como una situación que requiere acciones regulatorias más estrictas y mayor conciencia ciudadana. “Es clave reglamentar estos procedimientos y reforzar los controles para evitar que se sigan perdiendo vidas en lugares clandestinos”, concluyó.
