Justicia colombiana ordena prisión para cabecilla de disidencias por ataques a excombatientes
El sistema judicial de Colombia avanzó significativamente en un caso emblemático de violencia contra excombatientes en proceso de reincorporación. Un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gerardo Álvarez Peña, conocido con el alias de El Brujo, quien está señalado de ser el cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Vinculación con ataques en el Catatumbo
La decisión judicial se produjo tras una solicitud formal de la Fiscalía General de la Nación, que vinculó al procesado con múltiples ataques dirigidos específicamente contra firmantes del acuerdo de paz en la estratégica región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander. Según las investigaciones del ente acusador, el señalado habría tenido un rol activo y determinante en la organización de estructuras ilegales en zonas urbanas de esta convulsionada región fronteriza.
Creación de milicias urbanas
Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía estableció evidencias contundentes que indican que entre los años 2020 y 2023, alias El Brujo habría coordinado personalmente la creación y fortalecimiento de milicias urbanas. Estas estructuras tenían como objetivos principales:
- Obtener información sensible sobre movimientos y operaciones de la fuerza pública
- Enfrentar militarmente a otros grupos armados ilegales que operan en la zona
- Ejercer control territorial sobre comunidades vulnerables
- Presionar a excombatientes para que se reintegren a las filas ilegales
Ataque contra firmante de paz en Tibú
Uno de los hechos más graves que sustentan el proceso judicial es el atentado contra el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, ocurrido el 23 de octubre de 2022 en el municipio de Tibú. De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue atacada brutalmente dentro de su propia vivienda, sufriendo una herida penetrante en el abdomen que requirió intervención quirúrgica de urgencia y puso en riesgo su vida.
Las autoridades judiciales consideran que este ataque habría sido ordenado directamente como represalia y castigo ejemplarizante, luego de que el excombatiente se negara categóricamente a integrar las filas del grupo armado ilegal. Este hecho criminal se convirtió en una pieza clave dentro del expediente que finalmente llevó a la captura y posterior judicialización del presunto cabecilla.
Delitos imputados y decisión judicial
Una fiscal especializada de la Unidad Especial de Investigación imputó formalmente a Álvarez Peña los siguientes delitos, todos con circunstancias de agravación:
- Concierto para delinquir agravado
- Homicidio en grado de tentativa
- Fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego
Frente a estos graves cargos, el procesado no aceptó responsabilidad alguna durante las audiencias concentradas. Tras evaluar las pruebas presentadas y los argumentos de ambas partes, el juez determinó que existían suficientes elementos para ordenar que el implicado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza integralmente el proceso judicial en su contra, garantizando así la protección de las víctimas y la efectividad de la justicia.
