En vísperas electorales y durante la conmemoración del paro de abril de 2021, las acciones perpetradas en el suroccidente del país no solo constituyen violencia terrorista, sino también comunicación política ejecutada por medios criminales. Su objetivo es causar daño y reordenar las emociones colectivas —miedo, rabia, incertidumbre y cansancio— en uno de los momentos más sensibles del calendario democrático.
La respuesta política ante la crisis
En medio de la zozobra, algunos políticos del Valle del Cauca afines al gobierno, en vez de condenar los más de 25 atentados terroristas registrados en tres días y la muerte de decenas de campesinos y civiles, entre ellos mujeres, atacan a la oposición y descalifican el legítimo malestar ciudadano. Esto ocurre como si el fracaso inocultable de la llamada paz total fuera responsabilidad ajena. En lugar de asumir errores y concentrarse en restablecer la seguridad, el debate público se ha degradado hacia el señalamiento y el ruido, reduciendo una crisis compleja a intercambios estériles que poco aportan a la solución.
Los mismos que se han sentado en mesas de negociación que, sin aportar a la paz, han costado miles de millones de pesos y contribuido a la reorganización delincuencial. Esa es la estrategia del terrorismo: usar la incapacidad de estos políticos para convencer al ciudadano de que la democracia es un cascarón vacío y que la violencia organizada ofrece respuestas donde el gobierno exhibe corrupción.
Propaganda y manipulación
La propaganda terrorista pretende invertir la carga moral y reescribir la historia, presentando al verdugo como redentor, a la víctima como daño colateral, al que defiende la ley como opresor y a la sociedad como responsable de los crímenes que padece. El objetivo es que la ciudadanía vea debilidad donde debe haber ley, vacío donde debe haber Estado e incompetencia donde debe haber liderazgo político.
El terrorismo actúa así porque sabe que sus santuarios en las fronteras de Venezuela, Ecuador y Perú se estrechan y ya no ofrecen la misma garantía criminal. Las rutas terrestres y marítimas son objetivos de interdicción de fuerzas conjuntas internacionales. El tiempo y las elecciones democráticas corren en su contra.
La presión internacional y la verdad
Aunque los terroristas buscan despejar el territorio mediante el miedo, sus escondites en las cercanías de Cartagena del Chairá, El Triunfo Alto, El Pajuil, El Doncello, La Guayacana, La Vega Núñez, Polindara y Puerto López ya están bajo la mira. Desde sus posiciones en la espesa selva donde se ocultan, miran con más frecuencia al cielo. No porque oren, sino porque saben que el peso de la ley puede caerles de forma inesperada, con precisión milimétrica, desde 45.000 pies de altura.
También les inquieta que, en las últimas semanas, hayan caído en Ecuador, España, Bolivia, Argentina y México cabecillas narcoterroristas que, de hablar, podrían revelar quiénes recibieron oro a cambio de promover su inclusión como gestores de paz, cómo jefes criminales extranjeros habrían accedido a cédulas colombianas, cuánto dinero habría sido canalizado hacia campañas políticas, qué funcionarios o personas cercanas al poder habrían recibido propiedades a nombre de testaferros, y cómo se coordinaron —y quién conocía— los planes para ejecutar magnicidios y atentados organizados desde las cárceles.
Por eso buscan someter a comunidades enteras y obligarlas, con el cañón del fusil en la espalda, a votar bajo coacción; y después, si el resultado no les favorece, gritar fraude para prolongar la desestabilización y el caos en el suroccidente. No quieren diálogo ni paz, pero le temen a la verdad: Colombia ya sabe que no son guerrilleros, sino narcoterroristas.
