Rapi-pandillas en Bogotá: La responsabilidad de las plataformas de domicilios
La imagen de un gobernador romano que se lavó las manos, delegando la violencia en otros mientras mantenía las apariencias de su cargo, encuentra un paralelo preocupante en el liderazgo corporativo de ciertas empresas de economía de plataformas en Colombia. Esta analogía histórica sirve para ilustrar un fenómeno contemporáneo que afecta directamente la seguridad ciudadana en las principales ciudades del país.
El modelo de negocio que terceriza las consecuencias
Existe una aplicación de domicilios, fundada en Colombia y expandida por decenas de países, que se ha convertido en una de las empresas más valiosas de América Latina. Su modelo de negocio, celebrado en foros de innovación, se basa en una simpleza engañosa: conectar a quien quiere algo con quien puede llevárselo, sin contratar empleados directos y sin asumir responsabilidad por lo que ocurre durante el proceso de entrega.
Los accidentes de tránsito, las infracciones viales y, en casos extremos, los actos de violencia protagonizados por repartidores, son considerados "asunto de ellos" según esta lógica empresarial. Recientemente, en el norte de Bogotá, un grupo de domiciliarios rodeó un vehículo, atacó al conductor y rompió los vidrios porque este reclamó que habían ignorado una señal de tránsito. Este incidente, registrado en video y ampliamente difundido, revela una dinámica preocupante.
La disrupción que extrae valor sin asumir costos
La economía de plataformas frecuenta el término "disrupción" en sus discursos, presentándolo como sinónimo de innovación. Sin embargo, en la práctica cotidiana, esta disrupción puede significar la capacidad de extraer valor de un sistema sin asumir los costos que genera. Estas aplicaciones no solo transforman los negocios de restaurantes, supermercados y farmacias, sino que también afectan el orden y la autoridad en las calles.
En Bogotá operan miles de domiciliarios activos. La mayoría son hombres jóvenes, muchos migrantes, atrapados en un sistema que los remunera por velocidad y los castiga por tardanza. El algoritmo que gestiona sus entregas no pregunta si hay semáforos en rojo o condiciones de tránsito adversas; simplemente mide cuántos minutos tardó cada entrega.
Incentivos perversos y violencia organizada
En este contexto, violar señales de tránsito y, en casos extremos, agredir a otros ciudadanos, se convierte en una respuesta a incentivos mal diseñados. El episodio reciente en Bogotá demostró con claridad brutal cómo un reclamo ciudadano puede escalar rápidamente: un domiciliario convoca a compañeros, todos atacan coordinadamente.
Este no fue un acto espontáneo, sino la rutina de grupos que actúan con la impunidad de quienes saben que nadie los juzga. Pareciera que tanto la empresa como el Estado miran hacia otro lado, repitiendo el gesto histórico de lavarse las manos ante las consecuencias de sus decisiones.
Hacia una regulación con responsabilidad compartida
Colombia necesita urgentemente una conversación seria sobre los límites de la economía de plataformas. Se requieren marcos regulatorios que establezcan responsabilidad compartida, incentivos para que las empresas respondan por el comportamiento de quienes operan bajo su marca, y criterios de civilidad aplicados incluso a los algoritmos que gestionan estas operaciones.
No se trata de acabar con modelos de negocio innovadores o de frenar la iniciativa privada. Al contrario, Colombia necesita que las empresas crezcan y se desarrollen. La cuestión fundamental es exigirles que asuman los costos reales de sus operaciones, incluyendo las externalidades negativas que generan en la seguridad vial y la convivencia ciudadana.
Mientras esto no ocurra, seguiremos conviviendo con cuadrillas de repartidores que, aunque invisibles para sus "empleadores" en términos de responsabilidad legal, son muy perceptibles para el resto de la comunidad. Estos trabajadores circulan a toda velocidad, desorganizados en términos sociales pero, en algunos casos, organizados para ejercer violencia cuando perciben amenazas a su eficiencia operativa.
El desafío regulatorio es complejo pero urgente: cómo garantizar que la innovación tecnológica no se convierta en un mecanismo para evadir responsabilidades sociales básicas, especialmente cuando estas omisiones afectan directamente la seguridad y calidad de vida en las ciudades colombianas.
