Un nuevo reporte de una coalición de línea dura en temas migratorios está poniendo en duda uno de los principales logros que la administración de Donald Trump se atribuye en materia de deportaciones. Según el documento, el número real de expulsiones durante su primer año en el poder sería de menos de 350.000, es decir, casi la mitad de las 650.000 que el gobierno asegura haber alcanzado.
“Las cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que en 2025 ICE deportó menos de 350.000 inmigrantes indocumentados. Esto no es la agenda de deportaciones masivas por la que votaron los estadounidenses”, señala el reporte, que cuestiona de frente la narrativa oficial y el alcance de la política migratoria en su primer año.
Si bien la cifra de 350.000 deportaciones que plantea la coalición representa un aumento frente a los años de Joe Biden (promedio de 150.000 expulsiones oficiales), el número no es escandaloso y se asemeja más a los niveles registrados durante la administración de Barack Obama (2008-2016), cuando EE. UU. llegó a deportar cerca de 300.000 personas al año e incluso superó las 400.000 en su punto más alto. En cualquier caso, la cifra sigue estando lejos del umbral de un millón de deportaciones anuales que prometió la actual administración.
Administración Trump estaría inflando los números de deportaciones
El informe fue elaborado por la Mass Deportation Coalition, una alianza creada en febrero de 2026 que agrupa a expertos en política migratoria, exfuncionarios de seguridad, operadores con experiencia en logística gubernamental y organizaciones conservadoras vinculadas a la aplicación estricta de las leyes migratorias, incluidos sectores cercanos al Claremont Institute y la Heritage Foundation. Su objetivo declarado es respaldar la promesa de Trump de ejecutar “la mayor operación de deportación en la historia del país” y, al mismo tiempo, presionar para que esa meta se materialice en cifras concretas.
Más allá de la cifra puntual, el documento pone el foco en una discrepancia metodológica que se ha vuelto central en el debate actual. Según la coalición, la administración estaría inflando sus números al incluir dentro del conteo no solo las deportaciones formales, conocidas como removals, sino también salidas voluntarias o inducidas, en las que los migrantes abandonan el país sin una orden directa de expulsión. En la práctica, esto incluye desde retornos en frontera hasta lo que en Washington ya se describe como “auto-deportaciones”, es decir, decisiones de salida motivadas por el endurecimiento de las políticas y el aumento del riesgo de detención.
Aumento de las deportaciones voluntarias desde Estados Unidos
Ese fenómeno, reconocen incluso analistas críticos del reporte, sí parece estar ocurriendo. Diversos indicios apuntan a un incremento de las salidas voluntarias en el último año, impulsado por el temor a redadas, restricciones laborales y nuevas barreras administrativas. El problema es que no existe una medición precisa ni consistente de ese universo, lo que dificulta incorporarlo de manera fiable al cálculo total. En términos prácticos, esto significa que el número real de personas que están abandonando Estados Unidos podría ser mayor al de las deportaciones formales, pero también que su magnitud exacta sigue siendo incierta.
Menos transparencia en indicadores migratorios clave
Esa falta de claridad es, de hecho, otro de los puntos que subraya el reporte. En esta nueva etapa, sostienen sus autores, las estadísticas migratorias se han vuelto más complejas de interpretar debido a cambios en las definiciones, ajustes en la forma de reportar los datos y una menor transparencia en algunos indicadores clave. De ahí que uno de los principios que plantea la coalición sea la necesidad de establecer una definición compartida de qué constituye una deportación.
¿Qué acciones debería tomar EE. UU. para lograr deportar a un millón de personas?
Pero el documento no se limita a cuestionar cifras. En esencia, también es una hoja de ruta. En su playbook, o “guía de acción”, la coalición propone una serie de medidas concretas para alcanzar al menos un millón de deportaciones en 2026, el objetivo que consideran mínimo para cumplir con la promesa de campaña.
Deportaciones masivas enfocadas en grupos amplios y fáciles de remover
El primer cambio que plantean es estratégico. Según el reporte, la administración ha priorizado hasta ahora la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales bajo un enfoque que se conoce como “worst first (los peores primero)”. Pero, en su opinión, eso reduce el universo de personas sujetas a expulsión y limita el impacto numérico. La recomendación es pasar a una segunda fase de deportaciones masivas enfocada en grupos más amplios y fáciles de remover, como quienes ya tienen órdenes finales de expulsión o han excedido el tiempo permitido por sus visas.
Aumento agresivo de operativos en lugares de trabajo
Otro eje central es el aumento agresivo de los operativos en los lugares de trabajo. La coalición sostiene que durante décadas la aplicación de la ley en este frente ha sido limitada, con arrestos que, en muchos casos, no se traducen en deportaciones efectivas. Reforzar este tipo de operativos, argumentan, tendría un doble efecto: por un lado, elevar rápidamente el número de detenciones y, al mismo tiempo, reducir el principal incentivo para la inmigración irregular, que es el acceso al empleo.
Expandir la capacidad de detención
El documento también propone una expansión significativa de la capacidad de detención, un cuello de botella recurrente en el sistema migratorio. Sin más espacio para retener a los migrantes mientras se procesan sus casos, advierten, resulta difícil sostener un aumento sustancial de las deportaciones.
Restringir o monitorear el acceso de inmigrantes al sistema bancario y servicios financieros
Uno de los planteamientos más controvertidos es el uso de herramientas financieras para presionar a las salidas voluntarias. Bajo este enfoque, el gobierno podría restringir o monitorear el acceso de inmigrantes indocumentados al sistema bancario, créditos u otros servicios financieros, en coordinación con agencias tributarias y reguladores. La lógica es que, al dificultar la vida económica cotidiana, aumentaría el número de personas que optan por abandonar el país sin necesidad de un proceso formal de deportación.
Este punto cobra relevancia en un momento en que la Casa Blanca evalúa nuevas medidas en esa dirección. Funcionarios han dejado entrever que se prepara una orden ejecutiva orientada a limitar ciertos servicios financieros para personas sin estatus legal, aunque los detalles aún no son públicos. De concretarse, sería uno de los pasos más claros hacia una estrategia de “auto-deportación” inducida a gran escala, en línea con lo que plantea la coalición.
El playbook incluye además otras recomendaciones, como fortalecer sanciones contra empleadores que contraten trabajadores indocumentados, expandir el uso obligatorio del sistema E-Verify, modernizar los sistemas de datos migratorios y adoptar un enfoque de “todo el gobierno” que involucre a múltiples agencias federales en la aplicación de la ley.
¿Qué opina el electorado?
Para respaldar sus propuestas, la coalición encargó una encuesta entre votantes potenciales que, según el reporte, muestra un amplio respaldo a estas medidas. De acuerdo con ese sondeo, el 66 por ciento apoya la deportación de inmigrantes que ingresan ilegalmente al país, mientras que más del 70 por ciento considera que EE. UU. tiene la obligación de hacer cumplir las leyes migratorias vigentes. Niveles similares de apoyo se registran para herramientas como el refuerzo de operativos laborales, las sanciones a empleadores y el uso extendido de sistemas de verificación de estatus migratorio.
“El presidente Trump merece crédito por asegurar la frontera suroeste y prácticamente detener el flujo de inmigrantes indocumentados hacia EE. UU. Pero es necesario hacer mucho más en la aplicación de la ley dentro del país para llevar a cabo una verdadera agenda de deportaciones masivas que el presidente prometió durante la campaña”, dijo Kyle Brosnan, miembro del Claremont Institute y uno de los autores del nuevo documento.
