La estridencia con la que la oposición critica al presidente Gustavo Petro suele tener un efecto distractor, generando un ambiente de ruido constante que ha marcado estos casi cuatro años de gobierno. En medio de esta incertidumbre, un documento de gran valor histórico ha surgido para aclarar la relación del Ejecutivo con los medios de comunicación. Se trata del informe anual de 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un análisis objetivo y contundente sobre la situación de la libertad de expresión en el hemisferio.
Violencia y hostigamiento contra periodistas
El informe registra hechos de violencia física y hostigamiento contra periodistas en Colombia, y analiza con detalle algo sin precedentes en el país: el presidente de la República amenazando a los medios. Una cita textual del informe señala: “En particular, se han registrado reportes de que personas funcionarias públicas, principalmente el presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como ‘desinformadores’, ‘mentirosos’, ‘criminales’, ‘vagabundos’, ‘cooptados’, ‘de oposición’ u ‘oligárquicos’, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias, incluidas medidas que podrían derivar en censura”.
Trinos en X como evidencia
La casi totalidad de la evidencia de la constante diatriba del presidente contra la prensa proviene de sus publicaciones en la red social X, destacando un trino del 25 de julio de 2025, pocos días después de la instalación del Congreso. En él, el mandatario realizó una velada amenaza de terminar las licencias de radio y televisión, y confesó la poderosa red de redes que construyó para defenderse. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre el documento de la CIDH, lo que resulta inexplicable considerando su gravedad.
Es de esperar que la actitud hostil del presidente contra los medios de comunicación no tenga eco en entidades de la rama ejecutiva como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
