El futuro de la recolección de basuras y el servicio de aseo en Cali continúa siendo incierto en medio del proceso de devolución de la empresa Emsirva, actualmente en liquidación, al distrito de Cali, proceso que aún no se ha materializado. Ahora, la Contraloría General de la República advierte que la capital vallecaucana podría enfrentar una afectación patrimonial significativa debido al actual modelo de libre competencia.
Incertidumbre jurídica sobre la titularidad de los usuarios
Según el ente de control, el principal riesgo radica en la incertidumbre jurídica sobre a quién pertenecen los usuarios y las bases de datos comerciales y operativas asociadas a la prestación del servicio de aseo. Aún no está claro si Emsirva sigue siendo la titular de ese catastro o si ya está en manos de los actuales operadores privados. Si los usuarios del servicio de aseo en Cali ya no son clientes de Emsirva, la afectación patrimonial para la ciudad se estima en aproximadamente $800 mil millones.
“Mientras EMSIRVA argumenta que la titularidad del catastro de los usuarios les pertenece y que la totalidad del software y bases de datos deben ser devueltos sin costo al finalizar los contratos, los operadores, cuyo contrato culminó el pasado 28 de enero de 2026, manifiestan que el catastro de usuarios les corresponde, como prestadores efectivos del servicio”, señala el comunicado de la Contraloría.
Suspensión del proceso de selección de nuevos operadores
Desde la finalización del contrato con los operadores privados el 28 de enero, Emsirva, que aún está bajo la Superintendencia de Servicios Públicos, adelantaba un proceso de selección de nuevos operadores. Sin embargo, este proceso fue suspendido esta semana por orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. La Contraloría enfatizó que “la continuidad de los servicios públicos esenciales no puede quedar expuesta a escenarios de incertidumbre jurídica, vacíos contractuales o controversias sobre activos estratégicos. La adecuada protección del patrimonio público y de los derechos de los usuarios exige decisiones oportunas, coordinadas y jurídicamente sólidas”.
Cabe recordar que hace una semana, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, había solicitado la intervención de los entes de control en el proceso de selección de nuevos operadores, debido a las mismas irregularidades jurídicas identificadas. Según el fallo del tribunal, existiría un “afán de adjudicación” que pondría en riesgo el servicio de aseo en la ciudad.
