La emergencia que el Gobierno tanto anhelaba
Finalmente lo consiguió. Después de múltiples intentos fallidos, el Gobierno nacional ha logrado declarar una situación de emergencia genuina. El departamento de Córdoba, sumergido bajo las aguas de una inundación catastrófica, presenta la crisis humanitaria aguda que tanto buscaba la administración para justificar el uso de poderes extraordinarios.
Intentos previos frustrados
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo intenta declarar una emergencia. En 2023, la Corte Constitucional declaró inexequible una medida similar para La Guajira, argumentando que los problemas que se pretendían corregir no eran sobrevinientes sino crónicos. Un razonamiento análogo desbarató gran parte de la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo.
Posteriormente, el brote de fiebre amarilla no prosperó como excusa, y en diciembre, el intento de emergencia por el descalabro presupuestal fue suspendido provisionalmente por la Corte. Todas estas situaciones compartían un defecto fundamental: no eran verdaderas emergencias, sino problemas graves pero no súbitos que rompieran la normalidad social.
Córdoba: la emergencia perfecta
La inundación en Córdoba presenta características diferentes. Difícilmente puede sostenerse que esta no es una situación sobreviniente, con decenas de miles de cordobeses literalmente bajo el agua y enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes recientes. Por primera vez, el Gobierno tiene ante sí una emergencia que cumple con los requisitos jurídicos para justificar medidas excepcionales.
Sin embargo, surge una pregunta incómoda: ¿por qué las medidas anunciadas para atender la inundación coinciden exactamente con las que el Ejecutivo ha promovido desde el inicio de su mandato? Entre ellas destacan el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, una figura que muchos califican como expropiatoria, y las "inversiones forzosas" para controlar decisiones bancarias que ya se plantearon en 2024.
Oportunismo político en medio de la tragedia
La Casa de Nariño no solo aprovecharía la tragedia para imponer medidas que el Congreso y las cortes le han negado, sino también para abultar las arcas estatales con fines electorales. Resulta particularmente cínico que esta administración, acusada de ser la más derrochadora de la historia, utilice el sufrimiento de los cordobeses para justificar más impuestos.
Los datos son elocuentes: solo en enero de 2026, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno suscribió 165.000 contratos por aproximadamente 15 billones de pesos, representando incrementos del 53% y 68% respectivamente frente al mismo periodo de 2022. Además, no puede olvidarse el escándalo del saqueo a la UNGRD, la entidad precisamente encargada de gestionar desastres naturales.
El doble deber ciudadano
Frente a esta situación, los colombianos tenemos una responsabilidad dual. En primer lugar, solidarizarnos genuinamente con los cordobeses que enfrentan una tragedia humanitaria real y urgente. Sus necesidades deben ser atendidas con prontitud y eficacia.
Pero simultáneamente, debemos rechazar categóricamente que el agua sirva de coartada para tapar cuatro años de desgobierno, despilfarro sistemático y casos de corrupción que han marcado esta administración. La emergencia en Córdoba es real, pero su instrumentalización política resulta igualmente evidente.
La pregunta que queda flotando, como las aguas que inundan Córdoba, es si finalmente será la quinta la vencida para un Gobierno que parece haber encontrado en la desgracia ajena la oportunidad perfecta para conseguir lo que tanto anhelaba: poderes extraordinarios justo antes de concluir su periodo constitucional.
