Minas antipersonales: 92 municipios colombianos siguen a la espera de intervención
El proceso de desminado humanitario en Colombia enfrenta un desafío crítico con 92 municipios que permanecen pendientes de asignación para intervención, según cifras oficiales del Ejército Nacional. Este rezago se concentra principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño y Chocó, donde la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales dificultan significativamente las labores en terreno.
Avances y desafíos en la liberación del territorio
En el marco del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, Colombia reporta que 912 municipios de un total de 1.122 han sido declarados libres de sospecha de contaminación por minas antipersonales. De estos, 349 alcanzaron esta condición tras intervención directa de organizaciones de desminado humanitario, mientras que 186 quedaron sin sospecha por ausencia de reportes y 404 no registran afectación alguna.
Actualmente, 118 municipios se encuentran en intervención activa por parte de distintos operadores. Sin embargo, los 92 municipios pendientes representan un obstáculo significativo para alcanzar la cobertura total del territorio nacional. El coronel Leonardo Fabio Cárdenas Ortega, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario, explicó que en áreas donde persisten disputas armadas o economías ilegales "no se ha podido ingresar" para realizar el despeje.
Adaptación a realidades complejas
Frente a esta situación, la brigada ha implementado una estrategia innovadora que consiste en dividir algunos municipios en sectores, avanzando solo en las zonas donde existen condiciones mínimas de seguridad para trabajar. "A eso le llamamos sectores con zonas de factores de inestabilidad (ZFI). Esas zonas son aquellos municipios donde puede haber grupos armados, pero ese municipio es grande y lo podemos sectorizar en dos, tres o cuatro sectores", indicó el coronel Cárdenas.
Esta adaptación responde a un cambio fundamental en la naturaleza de la amenaza. El imaginario de las minas como rezago de guerras pasadas convive hoy con nuevas instalaciones y con el uso de explosivos por parte de grupos armados que siguen activos. "En este momento, todos los grupos al margen de la ley están utilizando, empleando artefactos explosivos y minas", afirmó el oficial.
Nuevas modalidades de amenaza
Según explicó el comandante, la disputa por corredores del narcotráfico, la minería ilegal, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas ha llevado a la instalación de explosivos entre organizaciones ilegales rivales. "Están instalando artefactos explosivos indiscriminadamente, ya no solamente para la Fuerza Pública, sino para todos esos grupos entre ellos mismos", señaló.
A este escenario se suma una modalidad que la Fuerza Pública ha venido reportando con mayor frecuencia en los últimos meses: el uso de drones cargados con granadas. De acuerdo con cifras proporcionadas por el coronel Cárdenas, en 2025 esta práctica dejó 21 heridos y dos personas asesinadas de la Fuerza Pública. En lo que va de 2026, el balance registra 58 heridos y un asesinado.
Sobre estos artefactos lanzados desde el aire, el comandante explicó que cuando no detonan pasan a integrar el registro de municiones sin explosionar. "Son granadas de 60 hechizas. Son para nosotros prácticamente municiones sin explosionar. O sea, son municiones lanzadas, pero que no detonaron", señaló, lo que obliga a incluirlas en las campañas de educación comunitaria y en las rutas de atención cuando la población reporta hallazgos.
Impacto en las comunidades y cifras generales
Una vez que la tierra queda libre de sospecha, comienza otra fase en la que las comunidades buscan poner en marcha actividades económicas. Según la brigada, existe un acompañamiento institucional para respaldar la comercialización de productos con un sello del desminador registrado oficialmente, que ya se aplica a productos como cacao, café, vino de palma, vino de uva y mermeladas.
La brigada reporta más de 20 millones de metros cuadrados intervenidos desde 2004. De esta cifra, más de 14 millones han sido despejados mediante técnicas manuales, mecánicas o caninas, mientras que otros 5 millones de metros cuadrados fueron liberados a partir de labores de verificación con las comunidades. En ese mismo lapso se han destruido más de 25.670 artefactos explosivos.
De acuerdo con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, más de 12.673 personas han sido víctimas de estos artefactos en el país desde 1990 hasta febrero de 2026, en 499 municipios del territorio nacional. Esta cifra evidencia que cerca del 45 por ciento del territorio colombiano ha experimentado eventos asociados a estos artefactos explosivos.
El proceso de desminado continúa siendo una prioridad nacional, pero los desafíos persisten en aquellas regiones donde el conflicto armado mantiene su vigencia, afectando directamente la seguridad y el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país.
