El conflicto armado en Antioquia: radiografía de un 'ajedrez' territorial entre Ejército y grupos ilegales
El panorama de orden público en Antioquia ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, especialmente en las subregiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste. Las autoridades regionales y nacionales han tenido que implementar acciones proporcionales para garantizar la seguridad en el departamento, aunque la ruralidad continúa siendo la más afectada por el recrudecimiento de la violencia y la creciente presencia de actores armados ilegales.
Recrudecimiento del conflicto y cifras alarmantes
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el secretario de Seguridad y Convivencia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, han señalado que la política de 'paz total' del Gobierno Nacional habría contribuido al aumento exponencial de militantes en las estructuras al margen de la ley. Las cifras respaldan esta preocupación: durante 2025, 44 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados por beligerantes en el departamento.
Los episodios violentos se han multiplicado, incluyendo desplazamientos forzados masivos en múltiples municipios, el derribamiento de un helicóptero antinarcóticos y el posterior asesinato de 13 policías en Amalfi, así como el asesinato de uniformados en Anorí y la muerte de dos soldados por un burro bomba en Valdivia. La constante instalación de artefactos explosivos ha elevado el estado de alerta en Antioquia, llevando a la Gobernación a solicitar apoyo directo del Ministerio de Defensa para recuperar terreno frente al avance de los grupos armados organizados.
Subregiones críticas y dinámicas de los grupos armados
De las nueve subregiones de Antioquia, la situación es particularmente grave en el Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca. El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, explicó que su unidad tiene bajo control 91 de los 125 municipios del departamento, enfrentando el desafío de cubrir más de 27.500 kilómetros cuadrados de ruralidad con apenas 7.000 hombres.
En la subregión Norte, la más afectada actualmente, operan tres actores armados ilegales: el 'clan del Golfo' a través de la subestructura 'Luis Hernando Rozo Bertel', los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, y el frente 'Héroes de Tarazá' del Eln. Estos grupos mantienen una confrontación permanente por el control territorial, especialmente en municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal.
Las disidencias, particularmente el frente dirigido por alias 'Calarcá', han logrado mayor control debido a los ingresos generados por la minería ilegal. Según el comandante Caycedo, esta actividad hoy representa mejores ganancias para los grupos ilegales que el tráfico de estupefacientes, cobrando entre el 10% y 20% de la producción a los mineros ilegales para permitirles operar.
Estrategias territoriales y economía ilícita
En el Occidente de Antioquia, el control lo mantiene el 'clan del Golfo' a través de la subestructura 'Edwin Román Velázquez Valle', cuya magnitud le permite desdoblarse y reforzar presencia en el Norte. La dificultad para las autoridades en esta zona radica en el bajo perfil que mantienen los beligerantes.
El Oriente antioqueño presenta un 'enroque' territorial ilícito del 'clan del Golfo' mediante las subestructuras 'Gener Morales' y 'Pacificadores de Samaná', que explotan la región a través del microtráfico y la minería ilegal. En el llamado 'Oriente lejano', las autoridades han logrado importantes golpes, superando las cinco toneladas de estupefacientes incautados durante 2025.
En el Suroeste, una 'guerra' entre grupos ilegales se desató durante el último año por el control del negocio del microtráfico, que experimenta un auge desde finales de 2024. El 'clan del Golfo' y el brazo armado del grupo delincuencial organizado 'La Terraza' son los principales actores en esta disputa, que ha llevado al municipio de Andes a sus cifras más altas de homicidios en décadas.
La analogía del ajedrez militar
El comandante Caycedo describió la situación como "una especie de partida de ajedrez" en la que el Ejército busca aprovechar al máximo los recursos disponibles mientras cumple con sus cuatro principios operativos: proteger a la población civil, diezmar las capacidades de amenaza, proteger la gobernabilidad en los territorios y mantener las capacidades de las fuerzas militares.
"El terreno no cambia pero el bandido es cíclico", explicó el alto oficial, señalando que el comportamiento de las estructuras ilegales sigue patrones repetitivos cuya variable principal es la frecuencia, determinada por las condiciones topográficas de cada región. Los comandantes y fuerzas de inteligencia analizan minuciosamente la estructura del campo de combate, verificando su composición y revisando registros históricos del territorio y del comportamiento por sector.
En última instancia, tal como en un tablero de ajedrez, la clave para estabilizar un territorio estratégicamente radica en considerar qué posee la amenaza y qué recursos tiene el Ejército para contrarrestarla, en una compleja partida donde cada movimiento cuenta en la lucha por el control territorial en Antioquia.
