La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron de manera contundente contra el denominado 'juicio revolucionario' que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) pretende realizar a cuatro funcionarios secuestrados en Arauca desde hace casi un año. Las entidades calificaron este acto como 'inadmisible' y exigieron la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados.
Rechazo unánime de las instituciones
En un comunicado conjunto, la Corte Suprema y la Fiscalía señalaron que el 'juicio revolucionario' anunciado por el Eln es una violación flagrante del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. 'El uso repetido del secuestro, prohibido en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia', advirtieron las entidades. Asimismo, recordaron que la experiencia del conflicto armado ha demostrado que el secuestro 'solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país'. Por ello, concluyeron que los servidores judiciales y policías retenidos por el Eln deben ser liberados sin condicionamientos, como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización.
Defensoría del Pueblo califica los hechos como 'inadmisibles'
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció y calificó el anuncio del Eln como 'inadmisible'. Marín destacó que el secuestro ha afectado gravemente la salud física y mental de los funcionarios, situación que se agravaría con el anunciado 'secuestro extendido', que no solo incrementa su sufrimiento, sino también el de sus familias. 'Particularmente, niegan a sus hijos e hijas el derecho a crecer con sus padres', señaló la defensora.
Marín exigió la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y de las demás personas secuestradas por el Eln. También pidió respeto por su vida e integridad y le solicitó al Gobierno Nacional 'fortalecer las acciones orientadas a su liberación'. 'El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad y seguimos pidiendo la libertad inmediata e incondicionada. Están poniendo condiciones para habilitar la libertad de estas personas. También hacemos un llamado al Gobierno Nacional: hemos solicitado una atención directa a las familias y fortalecer los esfuerzos para propiciar su liberación. Las familias se han sentido solas (…) han percibido que no ha habido suficiente acompañamiento', dijo Marín, quien agregó que este tipo de anuncios implica que un grupo armado ilegal pretende impartir justicia.
Los secuestrados y el contexto del 'juicio revolucionario'
Los funcionarios secuestrados son los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, y los policías Franque Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes fueron privados de la libertad en Arauca hace aproximadamente un año. El Eln ha anunciado un 'juicio revolucionario' contra ellos, lo que ha generado un amplio rechazo por parte de las autoridades y organismos de derechos humanos.
Las entidades de la Rama Judicial y del Ministerio Público coincidieron en que el secuestro es una práctica prohibida tanto en Colombia como en el ámbito internacional, y que su uso reiterado socava los esfuerzos por alcanzar la paz. Por ello, reiteraron su llamado al Eln para que libere a los secuestrados de manera inmediata y sin condiciones, como un gesto de buena voluntad hacia el proceso de paz.
