Los diálogos urbanos en Barranquilla entre el Gobierno Nacional y las bandas Los Pepes y Los Costeños enfrentan un momento crítico. Mientras analistas señalan estancamiento y riesgos de que la violencia se reconfigure, el Ejecutivo defiende su hoja de ruta como una apuesta de largo plazo que combina diálogo, intervención social y continuidad institucional.
Expertos advierten lentitud y falta de resultados
El investigador Alejandro Blanco Zúñiga, de la Universidad Libre, afirma que los avances en la mesa sociojurídica son lentos y poco significativos. "A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, los avances siguen siendo lentos y, hasta ahora, poco significativos", indica. Según Blanco, el proceso está incompleto y lleno de indefiniciones. "Al día de hoy, lo que realmente existe es una hoja de ruta aún en construcción, llena de indefiniciones. Si esto no se traduce en el desmonte de sus fuentes de ingreso ilegales, no hay nada", explica.
Blanco reconoce que la apertura de espacios de diálogo mantiene viva la posibilidad de una salida negociada, pero advierte que el principal obstáculo es la oposición del alcalde Alejandro Char. "Sin el respaldo de la Alcaldía, cualquier acuerdo firmado en Bogotá queda en veremos en los barrios de Barranquilla", sostiene. Además, señala que la alta politización ha convertido el proceso en un escenario de confrontación electoral.
Estancamiento y exigencias de los grupos armados
Luis Trejos, experto en seguridad de la Universidad del Norte, coincide en que el proceso no ha logrado avanzar hacia una fase formal. "Hay una especie de estancamiento en la medida en que el Gobierno avanza, pero los grupos tienen unos inamovibles y, hasta que el Gobierno no cumpla con eso, ellos no darían el paso hacia la formalización de la mesa", explica. Entre las exigencias de los cabecillas están traslados a cárceles de Barranquilla, reconocimiento como gestores de paz y apertura formal de la mesa.
Trejos también advierte sobre el tiempo político: "Abrir una mesa formal faltando solo tres meses para que finalice este Gobierno sería no solo una especie de imposición desde el nivel nacional, sino que también dejaría un tufillo a que la mesa, más que resultados de paz, estaría buscando resultados electorales".
Más actores y violencia desplazada
El experto señala que el enfoque actual es limitado frente a la complejidad del fenómeno criminal en el Atlántico. "Hoy hay 11 organizaciones criminales disputándose el control del territorio, y aquí solo se estaría negociando con dos. Eso abre muchos espacios para que la violencia siga escalando", afirma. Además, la tregua entre octubre de 2025 y enero de 2026 generó fragmentación del ecosistema criminal y desplazamiento de la violencia hacia municipios donde antes no había reportes.
Trejos también cuestiona la falta de articulación institucional: "Se ha impulsado la mesa sin lograr acuerdos con la Alcaldía y la Gobernación, y eso limita cualquier posibilidad real de implementación".
Gobierno defiende hoja de ruta integral
David Luquetta, encargado del componente metodológico de la hoja de ruta, defiende el proceso como una estrategia más amplia. "El documento sirve para orientar la articulación institucional y comunitaria, priorizar intervenciones y territorios, definir reglas y marcos de actuación, y permitir seguimiento y evaluación de avances", explica. La propuesta incluye seis líneas de acción: acupuntura social, pedagogía para la paz, cultura ciudadana, apoyo psicosocial comunitario, sistemas de seguimiento y mesas de mediación territorial, además del componente de sometimiento a la justicia.
Luquetta aclara que el sometimiento no está orientado hacia las comunidades, sino directamente con los actores: "La de sometimiento no está orientada hacia el trabajo con las comunidades, sino directamente con los actores, que son dos: Pepes y Costeños, que son los que han manifestado su voluntad de diálogo".
Proceso orgánico y adaptable
Frente a las críticas, Luquetta insiste en que el proceso no puede evaluarse como un esquema cerrado. "Esto no es una hoja de ruta finita. Es una definición orgánica que puede cambiar, crecer o decrecer dependiendo de las condiciones", señala. También reconoce las resistencias políticas: "El proceso tiene detractores muy marcados como Alex Char y Eduardo Verano, por eso hemos querido fortalecer los procesos sociales con las bases, independientemente de la voluntad de los actores institucionales".
En cuanto al estado de los diálogos, Luquetta afirma: "Las conversaciones están más o menos quietas, pero nunca se ha dejado de hablar con los cabecillas. La idea es que abracemos la hoja de ruta más allá del proceso, que pueda mantenerse en el tiempo a pesar de las condiciones políticas".
Balance mixto
El balance deja un escenario mixto. Por un lado, los expertos advierten estancamiento, falta de resultados concretos y riesgos de que la violencia se reconfigure. Por otro, el Gobierno sostiene que el proceso está en fase de construcción y que su impacto depende de una apuesta integral. En la práctica, la paz urbana en Barranquilla sigue en una zona gris: con canales abiertos, pero sin acuerdos formales; con estrategias en marcha, pero sin resultados concluyentes; y con un debate cada vez más marcado por tensiones políticas.
