Un nuevo video difundido en redes sociales ha generado indignación en Colombia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció que impuso "condenas" de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a cuatro funcionarios que mantiene secuestrados desde hace casi un año. Esta decisión ha sido rechazada por las autoridades y diversos sectores del país.
Identificación de las víctimas
Entre los afectados se encuentran Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), así como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Las "condenas" impuestas por el Eln
De acuerdo con los videos difundidos, los uniformados fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 y acusados por el Eln de presuntos delitos de espionaje. En ese contexto, Hoyos Murcia y Pérez Mendoza habrían sido condenados a 36 meses de "prisión", mientras que Pacheco Oviedo y López Estrada recibieron penas de 60 y 55 meses, respectivamente. Estos últimos fueron secuestrados en la vía que conduce al municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, una de las zonas con mayor presencia de este grupo armado.
Pruebas de supervivencia
La última prueba de supervivencia de los funcionarios se conoció en abril. En esa grabación, aseguraron haber recibido buen trato por parte de sus captores y acceso a medicamentos durante el cautiverio. En el mismo video, uno de ellos envió un mensaje directo al presidente: "Hace aproximadamente tres o cuatro meses la Fiscal General de la Nación ya terminó su trabajo. Quiero pedirle, señor Presidente, que en sus manos, en su escritorio, con solo levantar una pluma está la salida".
Rechazo del Gobierno
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó el anuncio como un "acto cobarde" y reiteró que el Eln no tiene ninguna legitimidad para ejercer funciones judiciales. "No representan ninguna figura legal de justicia; por el contrario, son un cartel del narcotráfico", afirmó el funcionario, subrayando la postura del Gobierno frente a este tipo de acciones del grupo insurgente.
Posición de la Defensoría del Pueblo
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que "este tipo de actuaciones no altera la naturaleza del delito" de secuestro y recordó que, según el derecho internacional humanitario (DIH), "la privación de la libertad debe cesar sin condiciones".
Contexto de violencia en Arauca
Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y escenario de disputas entre el Eln, disidencias de las Farc y otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas. La situación de los funcionarios secuestrados sigue siendo crítica, mientras las autoridades insisten en su liberación inmediata.
