El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este viernes una reestructuración profunda de la seguridad en la zona fronteriza con Venezuela, fundamentada en una operación conjunta que abarque lo militar, lo policial y lo social. Desde las puertas del Palacio de Miraflores, el mandatario colombiano, junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente para “liberar” a las poblaciones fronterizas del control de organizaciones criminales que operan en la zona.
Un plan integral contra economías ilegales
La iniciativa busca desarticular las estructuras financieras y operativas de las mafias que han convertido el paso binacional en un corredor para múltiples economías ilícitas. Petro enfatizó que la soberanía de la frontera debe retornar a los ciudadanos de ambas naciones, eliminando el dominio de grupos armados que hoy gestionan el territorio.
¿Qué economías ilegales están bajo la lupa?
El plan de choque binacional no se limitará únicamente al combate del narcotráfico. Según el jefe de Estado colombiano, la intervención coordinada tiene como objetivo golpear el corazón financiero de las estructuras delictivas que se lucran de la vulnerabilidad en la zona. La hoja de ruta establecida prioriza el desmantelamiento de redes dedicadas al tráfico transnacional de cocaína, la explotación y contrabando de oro ilícito, la trata de personas —un flagelo que afecta especialmente a migrantes en tránsito— y la extracción ilegal de minerales raros y otros recursos estratégicos del subsuelo fronterizo. Petro fue enfático al señalar que la frontera “no puede ser de nadie más que de los pueblos”, refiriéndose a la necesidad de recuperar el control institucional frente al poder de facto que ejercen las bandas criminales.
Un esfuerzo coordinado: militar, policial y social
A diferencia de operativos anteriores centrados únicamente en la fuerza, esta nueva estrategia busca un enfoque integral. El mandatario colombiano indicó que para lograr una liberación “a fondo”, es imperativo que las fuerzas de seguridad de ambos países actúen bajo una misma sintonía operativa, pero sin descuidar la inversión social en las comunidades locales, que a menudo quedan atrapadas en el fuego cruzado o son cooptadas por la economía ilegal.
En una declaración de alto impacto político y social, el presidente Petro dejó clara su postura sobre la integración binacional como herramienta de seguridad: “En la medida que nos dividimos, partimos el corazón del mundo y en la medida en que nos unimos, restablecemos el corazón del mundo. Comenzaron en concreto y lo hemos hablado hoy por una liberación de los pueblos. Configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas armas ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros, etcétera, de tal manera que la frontera solo sea para el pueblo. Pueblo colombiano, pueblo venezolano”.
El impacto en la seguridad ciudadana y la migración
La declaración emitida en Caracas marca un punto de giro en la gestión de la crisis fronteriza. Al elevar la trata de personas al mismo nivel de prioridad que el narcotráfico, los gobiernos de Petro y Rodríguez buscan frenar los abusos sistemáticos contra los caminantes y familias que cruzan por trochas y pasos no autorizados. La implementación de este esfuerzo común obligará a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de Colombia a establecer canales directos de comunicación y patrullajes coordinados con sus pares venezolanos. El éxito de esta “liberación de los pueblos” dependerá, en gran medida, de la capacidad de ambos estados para sostener la presencia institucional en territorios que, históricamente, han sido olvidados por el centro de mando de Bogotá y Caracas.
