En el marco de su alianza contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos donó tres embarcaciones ‘Zodiac’ valoradas en 1,2 millones de dólares a la Administración de Nayib Bukele, con el objetivo de fortalecer sus estrategias marítimas contra las redes ilícitas.
Detalles de la donación
Esta dotación gratuita, gestionada a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus iniciales en inglés), será utilizada por los integrantes de la Fuerza de Policía Marítima Costera (STORM) de El Salvador para “fortalecer los esfuerzos contra el narcotráfico en aguas costeras”.
“Hoy entregamos tres embarcaciones especializadas al equipo STORM, las cuales fortalecerán su capacidad para patrullar las aguas litorales, detectar e interceptar las rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes y cerrar puntos críticos del tránsito ilícito”, declaró Naomi Fellows, la encargada de Negocios de la Embajada, según una nota de prensa.
Fellows apuntó que esta entrega se alinea con las prioridades de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en todo el hemisferio occidental “encaminadas a combatir frontalmente el tráfico de estupefacientes”, y “marca un paso más en la sostenida y exitosa cooperación entre los Estados Unidos y El Salvador en este tema”.
Resultados en la lucha antidrogas
Según lo comunicado por la embajada de Estados Unidos, esta nueva dotación se realiza un año después de que el STORM incautara más de 2,8 toneladas de cocaína que iban dirigidas a los Estados Unidos. En 2025, El Salvador incautó un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, con un valor superior a los 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 fueron más de 17,2 toneladas valoradas en 422,7 millones de dólares.
Elogios de Trump a Bukele y críticas al régimen de excepción
La Administración de Trump, además de extender su cooperación para el combate del narcotráfico, ha elogiado la política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que se basa en la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas, al que se le atribuye la reducción de homicidios en el país.
Dicho régimen se encuentra vigente desde marzo de 2022, pero es señalado de violar derechos humanos. Organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia.
