Un sismo político de enorme magnitud ha sacudido este miércoles a México tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. La denuncia, presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU., ocurre en medio de una polémica por la presunta presencia y posterior muerte de dos supuestos agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua, en una operación contra el narcotráfico.
Detalles de la acusación
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, abrió una investigación por conspiración, acusando a estos funcionarios de colaborar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Este caso representa el mayor golpe reciente de Washington contra políticos mexicanos. La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve altos cargos en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, relacionándolos directamente con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios. Tras darse a conocer la información, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York.
Reacción del gobernador
Rubén Rocha Moya rechazó de manera "categórica y absoluta" las imputaciones, señalando que carecen "de veracidad y fundamento", y acusó de un "ataque" a su persona y al movimiento político que encabeza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien hasta el momento ha guardado silencio. En su primera declaración pública, Rocha Moya se declaró "tranquilo" y afirmó estar "trabajando" por Sinaloa, añadiendo que "no pasará nada" con la acusación.
Postura del gobierno mexicano
La Cancillería mexicana afirmó que no se presentaron "pruebas" en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el Gobierno estadounidense, y anunció que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. por la forma en que se hizo pública la acusación, argumentando que contraviene los tratados bilaterales. La representación diplomática informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición, pero advirtió que, conforme a los tratados vigentes, esta información debe manejarse con "carácter confidencial".
El oficialismo mexicano ha respaldado al gobierno estatal, mientras que la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que iniciará una investigación para determinar si la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. tiene fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión. Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, aseguró: "La FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión". Destacó que, según la ley mexicana, la orden de aprehensión requiere "presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito", y que, conforme al Tratado Bilateral, "solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes".
