Una investigación del diario estadounidense The New York Times reveló que el oro extraído de manera ilegal de la mina La Mandinga, ubicada en Caucasia, Antioquia, y controlada por el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal de Colombia, está siendo utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. La denuncia, realizada por los periodistas Justin Scheck, Simón Posada y Federico Ríos, encendió las alarmas sobre múltiples irregularidades, como el tránsito del oro desde Colombia hacia Estados Unidos, los vacíos en la regulación de la extracción minera y, de manera aún más grave, que la mina se encuentra en una finca colindante con una base militar del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional.
Dinámica de control del Clan del Golfo
El predio de La Mandinga tiene aproximadamente 2.000 hectáreas. Según el Ejército, entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado el terreno para realizar labores de explotación de oro. La investigación indica que el control del grupo armado sobre esta economía ilegal lleva al menos ocho años. The New York Times afirma que el Clan del Golfo —considerado grupo terrorista por Estados Unidos— impone las reglas en la mina: exige un permiso para la extracción y cobra un porcentaje. Un minero citado en la investigación señaló que el grupo cobra 400 dólares mensuales por cada grupo de cinco mineros.
Minería ilegal dentro de la base militar
La denuncia no se limita a los alrededores del batallón, sino que la actividad minera ilegal traspasó los terrenos de la base militar. El fotorreportaje de Federico Ríos relata que al consultar al comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, este negó la situación. Sin embargo, tras un breve recorrido, la operación ilegal quedó a la vista del comandante. “El coronel Echeverry se quedó helado. ‘Esto es en terrenos de la base’, dijo, y les ordenó a los mineros que se marcharan. ‘Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí’, gritó”, relató Ríos.
Reacciones del Gobierno y el Clan del Golfo
La denuncia también pone el foco en el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, ya que uno de los compromisos de la mesa es en temas ambientales. El pacto estableció un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Ambiente para abordar problemáticas como la minería ilegal. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno, señaló que las economías en regiones como Caucasia son fundamentales para la construcción de paz, aunque advirtió que el fenómeno no es nuevo y se intensificó desde los años 90, cuando el Banco de la República dejó de ser comprador oficial del oro.
Por su parte, el Clan del Golfo negó tener control sobre la mina mediante un comunicado en su cuenta de X, aunque admitió cobrar un “impuesto” a esas actividades. El Ejército Nacional informó que desde 2022 ha reportado la situación a la Fiscalía y la Procuraduría, y que ha intervenido en al menos 20 oportunidades para destruir maquinaria. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ordenó una investigación para esclarecer los hechos.
Confusión sobre la administración del predio
La Séptima División del Ejército señaló que la finca La Mandinga está bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero esta entidad respondió que el predio no figura entre los que administra. Según la SAE, en 2013 el predio fue objeto de medidas cautelares por un embargo decretado por el Tribunal Superior de Bogotá en un proceso de Justicia y Paz, lo que indica que estuvo en manos de paramilitares. En 2020 se ordenó su extinción de dominio y entrega al Fondo para la Reparación de las Víctimas, pero la SAE aclara que nunca recibió la administración. La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, anunció que coordinarán con el Ministerio de Defensa un rastreo presencial para verificar el estado de los predios.
