El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó en su lista de sanciones a cuatro personas señaladas de apoyar militarmente a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el grupo paramilitar que combate en la guerra civil de Sudán. Entre los sancionados aparecen tres ciudadanos colombianos acusados de reclutar, financiar y facilitar el envío de exmilitares hacia el conflicto africano.
Medidas impuestas por la ONU
Las medidas impuestas incluyen embargo de armas, prohibiciones internacionales de viaje y congelación de activos financieros. La decisión fue adoptada por el comité de sanciones de Naciones Unidas encargado de monitorear la situación en Sudán.
Las RSF son dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo y mantienen desde hace tres años una confrontación armada contra el ejército regular encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021. El conflicto ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y una creciente presión internacional por posibles crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos, especialmente en la región de Darfur.
Los sancionados colombianos
Dentro de los nuevos sancionados también figura Al-Goney Hamdan Dagalo, hermano del líder de las RSF. Según Naciones Unidas, habría dirigido operaciones destinadas a conseguir armas y material militar para prolongar la guerra. El comité de sanciones sostuvo que Al-Goney “ha prolongado esta guerra al dirigir los esfuerzos de las RSF para adquirir armas y material militar”, además de contribuir “directamente” al prolongado asedio sobre la ciudad de El Fasher, en el norte de Darfur.
Álvaro Quijano: coronel retirado y reclutador
Entre los sancionados aparece Álvaro Quijano, coronel retirado colombiano, a quien la ONU atribuye un “papel crucial” dentro de las actividades de reclutamiento y organización de combatientes. Según el comité de sanciones, Quijano participó en la incorporación de personas con “conocimientos tácticos y técnicos” que terminaron desempeñando funciones como infantes, artilleros, pilotos de drones, conductores de vehículos militares e instructores dentro de las estructuras paramilitares. El organismo también aseguró que algunos de los reclutados habrían participado incluso en entrenamiento de menores para actividades de combate, una acusación especialmente sensible dentro de las investigaciones internacionales sobre la guerra en Sudán.
Naciones Unidas indicó además que Quijano habría cofundado la empresa International Services Agency, identificada como A4SI, una agencia señalada de facilitar el traslado de combatientes colombianos hacia territorio sudanés. El comité sostuvo que esa compañía ayudó a suministrar entre 350 y 380 combatientes colombianos, “en su mayoría soldados retirados”, para apoyar operaciones de las RSF dentro del conflicto.
Claudia Viviana Oliveros Forero: directora de A4SI
La directora y propietaria de A4SI, Claudia Viviana Oliveros Forero, también fue incluida dentro de la lista de sancionados por presunta participación en las actividades logísticas y de reclutamiento relacionadas con el conflicto armado.
Mateo Andrés Duque Botero: financista
El tercer colombiano sancionado es Mateo Andrés Duque Botero, señalado de financiar el despliegue de exmilitares colombianos mediante una empresa denominada Maine Global Corp. De acuerdo con Naciones Unidas, la compañía habría operado “con el apoyo de empresas radicadas en Estados Unidos” para facilitar pagos y movimientos financieros vinculados al envío de combatientes hacia Sudán. El comité de sanciones aseguró que Duque Botero participó en el procesamiento de pagos de nómina para combatientes colombianos y actuó además como intermediario en operaciones de cambio de divisas relacionadas con esas actividades.
Según el informe, en el marco de esas operaciones se realizaron “numerosas transferencias bancarias por un total de millones de dólares”, aunque Naciones Unidas no detalló el monto exacto movilizado a través de las redes financieras investigadas.
Contexto humanitario y presión internacional
La decisión del Consejo de Seguridad se produce mientras crece la preocupación internacional por la dimensión humanitaria de la guerra en Sudán y por la participación de actores extranjeros dentro del conflicto. Uno de los focos principales de alarma internacional se concentra actualmente en la ciudad de El Fasher, donde viven cerca de dos millones de civiles vulnerables y donde la ONU ha documentado un deterioro severo de las condiciones humanitarias.
Un comité de investigación de Naciones Unidas concluyó recientemente que la violencia registrada en esa región presenta “indicios de genocidio”, especialmente por ataques dirigidos contra población civil y bloqueos prolongados sobre zonas urbanas. Las nuevas sanciones reflejan además la creciente atención internacional sobre las redes de financiamiento, reclutamiento y suministro militar que han permitido prolongar el conflicto sudanés durante los últimos tres años.
