El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha puesto en marcha una nueva unidad especializada para auditar los expedientes de extranjeros que poseen la residencia permanente legal, conocida como green card. Esta medida, oficializada recientemente, busca identificar y procesar a aquellos residentes que hayan incurrido en irregularidades o delitos que justifiquen su deportación.
Primeros casos identificados
Como resultado de las primeras inspecciones, las autoridades migratorias ya han identificado a 50 titulares de residencia permanente a quienes se les retirará el estatus legal para dar inicio formal a sus respectivos procesos de deportación. La nueva división auditora del USCIS, denominada Tactical Operations Division, se encarga de investigar antecedentes, revisar minuciosamente los expedientes históricos y detectar posibles fraudes cometidos durante la obtención del beneficio migratorio.
Estructura interna del nuevo sistema de control migratorio
La unidad encargada de llevar a cabo las revisiones de antecedentes opera bajo una estricta división de tareas dentro del organigrama del USCIS. De acuerdo con documentos internos del organismo, la Tactical Operations Division se compone de áreas operativas con mandatos específicos para cada categoría de extranjero. El director de la división, Daniel Andrade, detalló que el sistema funciona bajo las siguientes subunidades especializadas:
- LPR Operations: Área enfocada de manera exclusiva en la evaluación y fiscalización de residentes permanentes legales.
- Denaturalization: Sección dedicada a revisar y, de ser el caso, revertir los procesos de naturalización o ciudadanía concedidos.
- Refugee Revetting: Departamento destinado al control y revaluación de los expedientes de refugiados en territorio estadounidense.
Actualmente, un equipo integrado por alrededor de 40 oficiales de inmigración se encuentra asignado de forma fija al análisis técnico de los expedientes de los titulares de green card, priorizando el cruce de datos con agencias de seguridad.
Criterios de investigación y perfiles bajo auditoría
El portavoz oficial del USCIS, Zach Kahler, aclaró que la selección de los expedientes bajo análisis responde a criterios específicos de seguridad nacional y cumplimiento de la ley penal. La agencia estatal prioriza la investigación de aquellos residentes permanentes que registren arrestos o condenas por delitos en territorio estadounidense o en el extranjero. Entre los principales ilícitos monitoreados se encuentran las agresiones sexuales, casos de violencia doméstica, la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol (DUI) y la posesión de elementos vinculados al consumo o tráfico de sustancias ilícitas.
Asimismo, los oficiales buscan identificar a personas que presuntamente falsearon información o emitieron declaraciones juradas mentirosas durante su proceso de solicitud original de residencia. Por otra parte, dentro del control de seguridad nacional, se evalúa a personas sospechosas de tener vínculos o haber admitido pertenencia a organizaciones ligadas a la obtención ilegal de información tecnológica restringida para la Guardia Reservaria Islámica de Irán. Kahler puntualizó que la misión primordial del organismo es salvaguardar al país mediante controles rigurosos y anticipó que se implementarán modificaciones adicionales en los próximos meses.
Balance operativo y cuestionamientos al uso de recursos
Los reportes estadísticos internos de la agencia migratoria correspondientes al primer corte de gestión reflejan que se han evaluado o mantenido bajo investigación un total de 2.890 expedientes de residentes. Del total de casos analizados por el personal, cerca del 80% de los expedientes fueron cerrados definitivamente sin que se tomaran medidas administrativas adicionales debido a la ausencia de irregularidades. En contraste, más de 500 casos permanecen abiertos en fase de investigación activa, mientras que los 50 casos iniciales ya fueron referidos para los trámites de remoción.
La estrategia implementada por el USCIS generó cuestionamientos por parte de exanalistas y exfuncionarios de políticas migratorias de la propia entidad, quienes advierten sobre la baja eficiencia del operativo en relación con el volumen de trabajo. Los datos operativos evidencian que apenas el 2% de los residentes permanentes revisados fueron calificados como potencialmente deportables. Especialistas del centro de estudios Third Way señalaron que destinar personal a estas auditorías profundiza el rezago administrativo histórico de la agencia, la cual acumulaba más de 11 millones de solicitudes pendientes de resolución de beneficios migratorios hacia el cierre del último año fiscal, una cifra que prácticamente duplicó los registros observados en el periodo previo a 2019.
