Inspector de Policía de Soacha enfrenta detención domiciliaria por presunta violencia sexual
Un juez de control de garantías ha impuesto medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra José Arturo Figueredo, inspector sexto de la Policía de Soacha en Cundinamarca, quien se encuentra investigado por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad. La decisión judicial se produce tras la judicialización adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.
El procesado niega los cargos y enfrenta restricciones
El inspector Figueredo no aceptó los cargos formulados en su contra y deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia, con monitoreo electrónico permanente, mientras avanza el proceso judicial en su contra. Según la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre los años 2022 y 2025 dentro de las instalaciones de la Inspección de Policía en el municipio de Soacha.
Las víctimas identificadas en el caso son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes denunciaron haber sido sometidas a insinuaciones y agresiones sexuales de manera reiterada por parte del funcionario. La Fiscalía ha señalado que el inspector habría aprovechado su posición de autoridad y jerarquía para ejercer presión sobre las guardas de seguridad, modificando horarios e impartiendo órdenes específicas para quedarse a solas con las víctimas.
Evidencia clave: video del presunto acoso
El proceso judicial tomó mayor relevancia pública en diciembre de 2025 cuando se dio a conocer un video en el que el inspector aparece presuntamente acosando a una de las víctimas, una joven de 23 años. En las imágenes, el funcionario -vestido de civil- se acerca de manera insistente a la mujer, intenta besarla y realiza tocamientos sin su consentimiento, mientras le dirige comentarios de carácter sexual explícito.
En el material audiovisual, Figueredo se dirige a la joven con frases como "Mamacita, mamacita rica" y "Debe ser rica desnudita, mamacita", mientras la víctima -identificada con el apellido Monsalve- le solicita repetidamente que se detenga y la respete, diciendo "¡No! No, inspector. Que no". El funcionario insiste con frases como "Deme una acariciadita que me voy", evidenciando según la Fiscalía un patrón de comportamiento abusivo.
Posición de autoridad y temor de las víctimas
De acuerdo con las investigaciones, el inspector habría aprovechado el temor de las mujeres y la posición dominante que ejercía sobre ellas como su superior jerárquico para someterlas a insinuaciones íntimas y agresiones sexuales. La Fiscalía ha señalado que las denuncias y los elementos probatorios recopilados evidencian un patrón sistemático en el que el funcionario utilizaba su rol de autoridad para cometer actos en contra de la voluntad de las víctimas.
Además del proceso penal, Figueredo ya había sido suspendido de su cargo mientras avanza una investigación disciplinaria en la Personería por los mismos hechos. En uno de los casos específicos, se investiga incluso un presunto abuso sexual contra una de las mujeres afectadas.
Principio de presunción de inocencia
El caso continúa en etapa judicial bajo los principios de presunción de inocencia, mientras se definen las responsabilidades penales del procesado. La medida de aseguramiento en detención domiciliaria con monitoreo electrónico busca garantizar que el investigado no obstaculice el proceso mientras se adelantan las diligencias correspondientes.
Las autoridades han recalcado la importancia de este tipo de procesos cuando se involucran funcionarios públicos en presuntos delitos, especialmente aquellos que aprovechan posiciones de poder para cometer actos de violencia contra personas en situación de vulnerabilidad. El caso ha generado atención particular por desarrollarse dentro de una institución de seguridad y por la gravedad de los cargos imputados.
