Intento de secuestro a senadora indígena en Cauca marca escalada de violencia política
La tarde del 10 de febrero registró un grave episodio de violencia política en Colombia, cuando sujetos armados intentaron secuestrar a la senadora Aida Quilcué Vivas en la carretera que conecta los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca. La legisladora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), reconocida líder del pueblo Nasa, logró escapar del ataque gracias a la rápida intervención de su esquema de seguridad, aunque el incidente ha generado alarma nacional por su contexto electoral.
Patrón de ataques contra figuras políticas se intensifica
Este intento de secuestro no es un hecho aislado, sino que forma parte de una preocupante serie de agresiones contra políticos en las últimas semanas:
- Hace menos de una semana: Un atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Fortul, Arauca, dejó como saldo dos escoltas asesinados.
- Hace dos días: Desconocidos quemaron vallas publicitarias del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, del partido Oxígeno Verde, en una vía de El Zulia, Norte de Santander.
- Ahora: El intento de secuestro de la senadora Quilcué en el Cauca, una región históricamente afectada por el conflicto armado.
Estos episodios ocurren en un momento particularmente sensible del calendario político colombiano, con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que ha llevado a analistas a alertar sobre un posible recrudecimiento de la violencia contra candidatos y funcionarios electos.
Contexto regional y actores involucrados
El Cauca, especialmente la zona donde ocurrió el ataque, es territorio de fuerte presencia indígena y ha sido escenario de confrontaciones entre:
- La Guardia Indígena, que protege a comunidades como la del pueblo Nasa al que pertenece Quilcué.
- Grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las antiguas FARC que operan en la región.
- La Fuerza Pública, con unidades como el Gaula Militar y el Ejército Nacional desplegadas en operaciones de seguridad.
La senadora Quilcué ha sido voz crítica frente a la violencia en su territorio y defensora de los derechos indígenas, lo que la ha convertido en blanco de amenazas en el pasado. Su condición de mujer indígena y legisladora añade capas de complejidad a este ataque, que ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos y partidos políticos.
Respuestas institucionales y preocupaciones de seguridad
Tras el incidente, autoridades han activado protocolos de investigación para identificar a los responsables, mientras crece la preocupación por la seguridad de candidatos y congresistas en regiones con alta presencia de grupos armados. Este intento de secuestro evidencia las vulnerabilidades que enfrentan los actores políticos en zonas rurales, donde la capacidad de respuesta estatal es limitada y los riesgos de violencia persisten.
La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de protección para figuras públicas en el contexto electoral, especialmente cuando se desplazan por carreteras secundarias o regiones apartadas. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han llamado a reforzar los esquemas de seguridad y garantizar condiciones para el ejercicio político libre de amenazas.
Mientras las investigaciones avanzan, el caso de la senadora Quilcué se suma a un sombrío registro de violencia política que parece intensificarse en vísperas de un nuevo ciclo electoral, recordando los desafíos que Colombia aún enfrenta en materia de seguridad democrática.
