El río Naya: 25 años después de la masacre que marcó a una región
Antes que la muerte, lo primero que descendió por las aguas del río Naya fue el rumor. Un murmullo silencioso que se propagó de casa en casa, advirtiendo sobre la llegada inminente de hombres armados. Como un animal al acecho en la selva, estos individuos avanzaban con botas y armas en mano, descendiendo desde las partes altas del afluente que marca la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
La llegada del Bloque Calima
Hace exactamente 25 años, el 10 de abril de 2001, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetró una de las masacres más brutales en la historia reciente del conflicto armado colombiano. Durante tres días consecutivos, los paramilitares recorrieron veredas enteras señalando, torturando y asesinando a quienes consideraban cercanos a la guerrilla. Su mensaje era claro y contundente: desde ese momento, el territorio cambiaba de mandos.
Según reconstrucciones posteriores, esta incursión no fue improvisada. Los paramilitares avanzaban con dos objetivos estratégicos bien definidos: disputar el control de un territorio clave para las rutas del narcotráfico y economías ilegales, y eliminar cualquier rastro de presencia guerrillera en una región donde durante años habían operado las FARC y el ELN. En este contexto de guerra, cualquier señalamiento podía convertirse en sentencia de muerte para los habitantes.
Las voces que alertaron sin ser escuchadas
"Se escuchaba como que vienen bajando, vienen bajando, pero no había una información clara", recuerda Naya Niridia Ruiz Medina, una de las sobrevivientes que tenía apenas 10 años cuando ocurrieron los hechos. "Como fue para Semana Santa yo no estaba yendo al colegio, pero nadie salía. Había un silencio", agrega con la voz quebrada por el recuerdo.
Lo más impactante es que esta tragedia pudo ser evitada. Varias alertas fueron emitidas por habitantes, autoridades locales, la Defensoría del Pueblo e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Defensoría había advertido entre diciembre de 2000 y enero de 2001 sobre el incremento de la presencia de las AUC en el sur del Valle del Cauca y los primeros desplazamientos por paramilitares en Santander de Quilichao y Timba.
La CIDH, a petición de varias organizaciones, otorgó el 27 de marzo de 2001 -menos de 20 días antes de la masacre- medidas cautelares a favor de las comunidades del Alto Naya ante la inminencia de un ataque. Sin embargo, estas advertencias no fueron suficientes para detener la tragedia que se avecinaba.
El éxodo desesperado
El miedo corrió más rápido que las balas. El éxodo fue inmediato, desordenado y desesperado. Familias enteras huyeron sin saber a dónde dirigirse. Algunas se internaron en la espesura de la selva, otras se lanzaron a las aguas del río, y muchas terminaron en lanchas sobrecargadas, escapando con lo poco que podían cargar.
"Había una lancha muy grande donde la mayoría de las familias, yo diría que unas 300 personas se fueron de la zona rural a la zona urbana", relata Naya Niridia. "Dijeron que habían asesinado a un señor muy reconocido y eso causó mucho miedo en las comunidades y por eso la gente se tomó más en serio lo de irse".
El saldo devastador
El balance final fue devastador:
- Al menos 28 personas fueron asesinadas, la gran mayoría hombres
- Más de 7.000 personas sufrieron desplazamiento forzado en los días y semanas siguientes
- Numerosas violaciones como amenazas, desapariciones forzadas y destrucción de bienes
- La región quedó fracturada social y económicamente
Las comunidades del Alto Naya terminaron en municipios como Santander de Quilichao, muchas veces en condiciones de hacinamiento extremo. Otras se asentaron en Buenaventura, abandonando no solo sus tierras sino también las formas de vida construidas durante generaciones.
Un territorio estratégico en disputa
El Naya es una subregión estratégica donde convergen selva, río y mar. Comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas habían construido economías propias basadas en la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Esta riqueza, sumada a su ubicación geográfica, la convirtió en un punto clave para la guerra.
Desde los años ochenta, la presencia de distintos actores armados fue transformando la región. Guerrillas, paramilitares y fuerza pública coincidieron en un territorio donde la violencia no llegó de golpe, sino que avanzó gradualmente río abajo, hasta que en 2001 se convirtió en una incursión abierta y masiva.
Responsabilidad estatal y justicia tardía
El Consejo de Estado profirió sentencia en 2007 y confirió la responsabilidad del Estado por omisión en este crimen que afectó principalmente a comunidades étnicas. Sin embargo, el paso del tiempo aún no ha organizado completamente la historia ni traído toda la verdad que el pueblo necesita.
La violencia que persiste
Naya Niridia sigue viviendo en el territorio y afirma que no se irá porque perdería su ancestralidad. "La vida en la ciudad sin tierra no es vida para nosotros que estamos en un proceso de ancestralidad dentro de sus prácticas ancestrales", señala con determinación.
Pero quedarse no significa que el miedo haya desaparecido. Actualmente, esa zona sigue siendo un territorio en disputa, principalmente de disidencias de las antiguas FARC. "Son nuevos grupos armados con todas las viejas costumbres", explica Naya. Y agrega: "El contexto de seguridad es bastante complejo, hay constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario y vulneración de los derechos humanos, derechos étnicos y derechos colectivos".
La falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y las promesas incumplidas de paz total mantienen a la región en un estado de vulnerabilidad constante. Como el río que lleva su nombre, Naya Niridia y su comunidad continúan fluyendo, resistiendo y tejiendo sus historias sobre las capas de masacre, desplazamiento, retorno parcial y la persistencia de actores armados.
