Más de 39.800 personas confinadas por conflicto armado en primer trimestre de 2026
39.807 confinados por conflicto en primer trimestre de 2026

En promedio, cada día del primer trimestre de 2026, unas 442 personas vieron restringida su movilidad en Colombia debido al conflicto armado, según cifras de la Defensoría del Pueblo. La entidad registró 39.807 personas afectadas en 26 eventos de confinamiento durante ese periodo.

Cauca, el departamento más golpeado por el confinamiento

De acuerdo con el reporte, Cauca fue el departamento más afectado, con 9.395 personas confinadas. Esta cifra representa cerca del 53 % de los casos registrados en ese territorio durante todo 2025, que sumaron 17.767 personas. Los municipios más críticos fueron Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí.

Le siguieron Chocó (7.765), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). La Defensoría señala que el confinamiento se concentra en regiones con alta presencia de actores armados ilegales y débil presencia institucional.

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Grupos armados responsables

Los grupos detrás de los confinamientos son el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, y uso de artefactos explosivos, imponen restricciones a la movilidad, afectando el acceso a alimentos, salud y educación, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes. Al menos 17 comunidades étnicas resultaron afectadas.

Magdalena, el más afectado por desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado también golpeó con fuerza: 7.668 personas en 40 eventos masivos. Magdalena concentró la mayor afectación, con 1.960 víctimas, debido a disputas entre las ACSN y el Clan del Golfo en Aracataca. En febrero, enfrentamientos provocaron el desplazamiento de al menos 46 familias (más de 170 personas).

Otros departamentos con alta afectación fueron Norte de Santander (1.876) y Cauca (1.434). La Defensoría reiteró la necesidad de fortalecer la articulación institucional para garantizar atención oportuna a las comunidades afectadas.

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